La asociación del Defensor del Paciente estima que en 2018 murieron en España 810 personas por presuntas negligencias médico-sanitarias: 29 más que en 2017. El año pasado, esta entidad recibió 14.335 denuncias por este motivo (352 más que en el ejercicio anterior), de ellas 250 en Asturias.

Estos datos se extraen de la memoria anual de esta asociación, difundida ayer, en la que se afirma que la sanidad pública española se halla sumida en "una profunda crisis de recursos humanos" y que requiere una "gestión eficaz y estable a base de un incremento de la financiación".

La mayoría de los fallecidos en 2018 se produjeron por presunta mala praxis: intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias. Pero la principal razón "se debe al error de diagnóstico y a la pérdida de oportunidad terapéutica".