"Hay que aprender de los errores para corregirlos", afirmó ayer el exsecretario general de la Consejería de Bienestar Social, Roberto Moro, acerca de las polémicas liquidaciones giradas a las familias de los usuarios de los Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Moro compareció ante la comisión de investigación abierta en la Junta General en calidad de secretario general técnico de Bienestar Social entre 2008 y 2011.
Moro admitió que "fue un error" no haber pensado en cómo debían liquidarse las deudas de los usuarios del ERA fallecidos desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia hasta la aprobación del decreto del Principado. "No reparamos en esa situación", contestó Moro a preguntas de los diputados que integran la comisión. "Se intentó no perjudicar a nadie", precisó Moro acerca de la época en la que esa Consejería fue gestionada por IU, tras el acuerdo de 2008.
El ex secretario general técnico de Bienestar Social destacó la relevancia de los informes que realiza la Sindicatura: "Son muy útiles, nos ayudan a corregir cosas que hacemos mal", valoró Roberto Moro, quien declaró que no todas las deudas del ERA eran cobrables "por el perfil del usuario". De hecho, el informe de la Sindicatura de 2015, hecho público el pasado año, advirtió de un alto volumen de deuda generada por los usuarios de geriátricos públicos del Principado, que cifró en 5,5 millones de euros por 77 expedientes.
El exsecretario general de la consejería de Bienestar de 1999 a 2003, José María Gancedo, admitió que había existido "confusión" debido a "la dualidad de regímenes" entre la Ley de Dependencia y el decreto regulador del Principado sobre los pagos del ERA.
La exconsejera de Bienestar, Esther Díaz, compareció el miércoles y declaró que en su mandato, de 2012 a 2014, se avanzó para "sentar las bases" que permitieran consolidar el ERA. Y es que cuando asumió la Consejería le compararon esta entidad "con un transatlántico con tripulación de pesquero".
Díaz declaró haber "trabajado con absoluta honestidad" en sus funciones como consejera y recriminó al diputado popular Matías Rodríguez Feito que intentase montar "un circo" al preguntar sobre su dimisión. Esther Díaz renunció después de que trascendiera que una empresa de su marido había participado en las obras del geriátrico de Riaño, mediante una subcontrata.
