26 de enero de 2019
26.01.2019

Una afectada exige a la Junta que elimine su nombre del dictamen del GITPA

La trabajadora afirma que las conclusiones de la comisión de investigación del cable lesionan su honor y amenaza con los tribunales si se la ignora

26.01.2019 | 00:41

Una de las personas a las que se menciona en el dictamen de la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en el tendido de la red de fibra óptica en Asturias ha remitido a la Junta una petición para que se elimine del escrito de conclusiones la parte que se refiere a ella en el apartado de "responsabilidades políticas". A. C., trabajadora con cargo en la empresa pública de telecomunicaciones del Principado (GITPA), invoca para sustentar su reclamación la jurisprudencia recién asentada por el Tribunal Constitucional en una sentencia que delimita la función investigadora de los parlamentos autonómicos y les advierte de que las conclusiones de sus comisiones "deben estar exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas o acciones ilícitas a los sujetos investigados".

La afectada, compareciente en dos ocasiones ante la comisión de la llamada "trama del cable", se siente respaldada por la doctrina del Tribunal, que en una resolución del pasado diciembre obligó a las Cortes Valencianas a eliminar del dictamen de una comisión de investigación -la que indagó en el grave accidente del Metro de Valencia en 2006- la imputación de responsabilidades a un alto cargo de la empresa Ferrocarriles de la Generalitat. La recurrente asturiana, que como el valenciano no ha sido objeto de investigación judicial alguna, ha dirigido a la Junta un escrito en el que sostiene que el dictamen ha lesionados su derecho al honor y a la presunción de inocencia y su "reputación, personal, profesional y familia" y se reserva posibles acciones legales en caso de no ser atendida, sin excluir un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Considera lesivo que el dictamen la mencione por su nombre y apellidos en el apartado "responsabilidades políticas" y que el texto afirme de ella que "no sólo no impidió la comisión de irregularidades, sino que en algunos casos las consintió", o que existió por su parte "una grave dejación de funciones" y una "especialmente grave falta de diligencia".

El documento de conclusiones de la comisión, aprobado en la Junta con el apoyo de Podemos, PP y Ciudadanos, también la deja "en manifiesta situación de indefensión", continúa el escrito, cuando hace una "clara referencia a un posible despido", ya que el dictamen considera "inconcebible" que "se mantenga a esta responsable en el mismo puesto con las mismas retribuciones". La trabajadora denuncia asimismo la "contumacia" del documento en denominar erróneamente su puesto de trabajo para supuestamente elevar su responsabilidad en la empresa y trasladar "torticeramente la imagen de que ostento unas capacidades de decisión propias del personal de alta dirección o de libre designación por completo ajenas a mi puesto de trabajo". "Considero nulas", concluye, "las conclusiones sobre mi persona en las que me declaran responsable de la comisión de supuestos ilícitos e irregularidades"

El escrito y las acciones de respuesta que le caben al parlamento asturiano serán analizadas previsiblemente el próximo lunes en la reunión de la Junta de Portavoces. La recurrente exige que se retiren las referencias a ella tanto del dictamen como del diario de sesiones y que el texto corregido sea enviado "a cuantos organismos y juzgados hayan recibido la anterior versión". El pasado octubre, la Junta acordó remitir el documento a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Posteriormente, la juez que instruye el caso por las posibles irregularidades en el GITPA requirió al parlamento pruebas acreditativas de algunas de las irregularidades que señalaba el dictamen, petición que los tres grupos firmantes del texto atendieron hace algo más de un mes.

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