El Gobierno regional acordó ayer remitir al Consejo Consultivo el decreto de protección y control ambiental que, junto con el plan de inspección para el periodo 2018-2020 aprobado la pasada primavera, reforzará la política autonómica en este ámbito, sobre todo en la vigilancia de la actividad industrial. La viceconsejería de Medio Ambiente abrió en 2018 1.054 expedientes de control ambiental en 69 concejos, un 3 por ciento más que el año anterior. De ellos, el 39 por ciento tuvo origen interno y otro 37 por ciento fue motivado por denuncias. Los residuos siguen estando detrás de casi la mitad de los expedientes (un 49 por ciento), y las afecciones a la atmósfera se sitúan en segundo lugar, con un 33 por ciento.
