Malestar, alarma y preocupación entre los funcionarios del Principado por las elevadas pérdidas acumuladas en su plan de pensiones en 2018. El fondo que los empleados públicos financian de su bolsillo, ya que la administración regional hace años que no realiza aportaciones, tenía a diciembre de 2017 un activo de más de 110 millones, pero la luz roja se ha encendido al recibir el balance negativo del pasado ejercicio. Sirva como ejemplo el caso de una trabajadora que tras realizar la aportación mínima de 10 euros cada mes, ha perdido los 120 euros que entregó para su plan de pensiones a lo largo del año pasado y 410 euros más de los ahorros acumulados de años anteriores: en total, una pérdida anual de 530 euros. "Y el perjuicio aún puede ser mayor en empleados que realizan aportaciones más elevadas", aseguran desde la organización sindical USIPA.
Las alarmas han empezado a saltar en los últimos días cuando los miles de funcionarios suscritos al fondo de pensiones de los empleados de la Administración del Principado empezaron a recibir la información bancaria sobre el estado de su plan de pensiones, formalizado con la aseguradora Caser a través de Liberbank. "Los resultados obtenidos son pésimos, ya hemos recibido multitud de quejas de nuestros afiliados y simpatizantes, que nos piden también que se cambie de entidad financiera", asegura José Luis González, coordinador de la citada organización sindical. La comunicación bancaria sobre el fondo de inversiones, de renta fija mixta, refleja una pérdida acumulada en el último ejercicio del 4,39 por ciento y sitúa este plan de inversiones con un perfil de riesgo 3, en una escala donde el 1 sería el rendimiento potencialmente menor pero con menor riesgo y el 7, el de mayor riesgo pero también con un rendimiento potencialmente mayor. En la reunión celebrada en abril del pasado año, los representantes de la entidad aseguradora informaron de que la cartera de este plan estaba compuesta en un 25,02 por renta variable, un 57,09 por renta fija y un 17,89 por otras inversiones, estando el peso de la renta variable en España y Europa.
El perjuicio para cada empleado del Principado adherido a este plan varía, en función de la cantidad que aporta anualmente, pero como mínimo asciende a 530 euros en el último año, como es el caso de esa trabajadora que a lo largo de 2018 realizó la aportación mínima de 10,02 euros. Y es que la citada empleada tenía en su plan de pensiones a fecha de 31 de diciembre de 2017 algo más de 12.000 euros y pese a aportar durante los doce meses del pasado año un total de 120 euros ha visto cómo la cantidad contante, a 31 de diciembre pasado, bajaba a los 11.592 euros. "Y eso que venden estos planes como la panacea para complementar futuras pensiones", lamentan desde la citada formación.
Los funcionarios han pedido a sus representantes sindicales que "muevan ficha" y hagan presión. "No parece fácil explicar que durante en 2018, un período de crecimiento económico, como se han cansado de repetirnos expertos y autoridades económicas de nuestro país, los resultados de nuestro fondo de pensiones presenten este desolador balance de pérdidas para los trabajadores de a pie", sostienen desde USIPA. "O bien las inversiones financieras que se están acometiendo son de un riesgo importante o algo no se está haciendo como se debiera", subrayan los representantes sindicales. "Y eso que tanto Caser como Liberbank cobran bien", añadió González. Por ejemplo, los gastos de gestión que pasó Caser en 2017 ascendieron a 287.568 mientras que los de Liberbank, como entidad depositaria, fueron de 110.591 euros.
La reacción no se ha hecho esperar. La próxima semana tendrá lugar una comisión de control del citado fondo de pensiones y los representantes de esta organización sindical llevarán dos propuestas: la primera consiste en instar a la compañía aseguradora a realizar inversiones de renta fija, "con menor interés, pero sujetas también a un menor riesgo y que podrían garantizar en la medida de lo posible que los trabajadores no sufran pérdidas económicas; la segunda reclamación, sugerida por los propios funcionarios afectados, es solicitar la modificación de las cláusulas del contrato suscrito con Caser y Liberbank, relativa a la permanencia obligatoria en ese plan hasta que el funcionario se jubile. Los empleados del Principado ante los malos resultados en el último ejercicio quieren tener la posibilidad de trasladar su plan de pensiones a la entidad financiera que juzguen más conveniente sin que ello acarree penalización alguna.
