"Una cosa es dar de manera puntual copias a los padres y otra muy diferente es tener que fotocopiar los exámenes de todos los alumnos y de todas las materias". Los docentes asturianos rechazan con estas palabras la medida adoptada en Valencia de obligar a los colegios a entregar pruebas corregidas a las familias. Y puede que no sea la única comunidad autónoma que lo haga: el Defensor del Pueblo ha realizado peticiones similares a los gobiernos de Extremadura, Navarra y Madrid. De llegar a Asturias, los sindicatos educativos advierten que "cargaría a los maestros de más burocracia".
"En Valencia pretenden que los profesores entreguen a padres copias de todos los ejercicios que hace el alumnado. Eso se traduciría en más trámites administrativos, que restarían tiempo a la labor docente. Es un barullo inconmensurable", opina el presidente regional de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), Gumersindo Rodríguez. En esta misma línea se pronuncia la portavoz del Sindicatu Unitariu y Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d'Asturies (SUATEA), Emma Rodríguez, quien califica la medida de "exagerada". "Además de una carga burocrática, supondría un coste económico muy alto. Porque fotocopiar todos los exámenes... Ya hay mecanismos de revisión que garantizan el derecho del alumno a tener una evaluación correcta y justa", expresa. Lo que pretende el Gobierno valenciano es una vía más rápida de consulta, al margen de los supuestos de reclamación regulados en la normativa estatal.
"Es injusto y pone en entredicho la labor docente. Y eso no lo podemos permitir", manifiesta la responsable de la sección de Enseñanza de UGT, Maximina Fernández, que confía en que la petición no llegue a la región. Para el secretario general de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente, la obligación de entregar exámenes a los padres "tiene de positivo que permite dar mayor transparencia e implicar a las familias, y de negativo, que implica más carga de trabajo para los profesores". Llorente añade además que, de tener que hacer fotocopias por norma, "no ganaríamos para folios". "Vaya gasto de papel", agrega.
El Defensor del Pueblo valenciano se apoya en la ley Reguladora del Procedimiento Administrativo, en cuyo artículo 53.1 figura el derecho de las personas que tienen la condición de "interesados" a acceder y tener copia de los documentos que formen parte de un expediente administrativo. La Consejería de Educación ha enviado instrucciones ya a los colegios para que se haga efectivo ese derecho.
