Tras la aprobación esta mañana por Consejo de Gobierno de la modificación del decreto que regula los derechos y deberes del alumnado, el sindicato de enseñanza de CCOO considera que "es imposible mejorar la convivencia en los centros educativos por decreto, cuando lo necesario es una mayor inversión y dotación de recursos".

En este sentido, CCOO recuerda a los responsables de la Consejería de Educación que desde el inicio de la crisis han recortado centenares de puestos de trabajo de profesorado (más de 800 sólo con la conversión de la jornada lectiva de 18 en 20 horas), convertido cientos de plazas a jornada completa en medias jornadas (las medias jornadas superan el millar) y aumentado la temporalidad en el empleo docente a niveles nunca vistos (uno de cada tres trabajadores tiene un contrato de un año de duración o menos).

En cuanto a las modificaciones realizadas en el articulado del decreto, responden fundamentalmente a dos cuestiones pendientes de resolver:

  • En primer lugar, se adapta la normativa a la realidad actual de los centros previendo la utilización, por parte del alumnado, de las nuevas tecnologías de la comunicación y de los dispositivos móviles. La nueva redacción determina las actuaciones a desarrollar en caso de grabación o difusión de imágenes y/o audios con medios tecnológicos tales como los teléfonos móviles.
  • En segundo lugar, recoge lo establecido en la ley de autoridad del profesorado del Principado de Asturias (Ley 3/2013). Dicha ley atribuye al profesorado la condición de autoridad pública, establece la presunción de veracidad de los hechos que constate y exprese por escrito en el ejercicio de sus competencias correctoras y disciplinarias. El decreto que ahora se modifica es anterior, siendo necesario adaptarlo a la citada ley.

CCOO quiere aclarar que en ningún caso el profesorado puede, tras esta modificación, “echar para su casa” al alumnado durante tres días. Lo único que prevé la normativa es que el docente pueda sancionar a un alumno o alumna con la privación del derecho a asistir a su clase durante un máximo de tres días. Pero esta medida no es nueva, sino que ya aparece recogida en la redacción original del decreto de 2007. En este sentido, cualquier medida disciplinaria que contemple la suspensión del derecho del alumnado a asistir al centro (y no solo a una determinada materia) seguirá siendo potestad exclusiva del director o directora.

Finalmente, el Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias invita al Consejero de Educación a dejar de buscar titulares de prensa con sus declaraciones y a poner soluciones a los problemas reales de los centros educativos. Para ello no debe guiar su actuación por criterios de racionalización en el gasto y aumentar la dotación de profesorado en los centros y, especialmente, los recursos destinados a la atención a la diversidad, verdadero eje sobre el que debe pivotar la convivencia escolar.