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Los empresarios piden reducir los impuestos en la zona rural para frenar la despoblación

La patronal española avala un informe de la Universidad de Valladolid que pone como ejemplo la recuperación en otros países, como Escocia

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) defiende que se implante un sistema impositivo reducido en la zona rural para combatir la despoblación. Por eso ha respaldado el informe "Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España", elaborado por un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid y financiado por la Red SSPA (lobby de las áreas escasamente pobladas del Sur de Europa) con fondos europeos Leader.

Este estudio ya se ha entregado a la comisionada para el reto demográfico, Isaura Leal, que ha convocado a los representantes de las comunidades autónomas para mañana, viernes. Uno de los objetivos a los que acude el Principado es urgir la puesta en marcha de una estrategia nacional que el Gobierno central había comprometido para finales de 2017.

El informe indica, según la patronal CEOE, que "sí se pueden implantar medidas de reducción fiscal para combatir la despoblación, y para ello solo hace falta voluntad política".

Añade el estudio que además, "de no implantarse de inmediato políticas y medidas específicas capaces de corregir esta situación, el desequilibrio entre el medio urbano y el rural continuará acrecentándose hasta el extremo, sufriendo la Unión Europea (UE) la inexorable perdida de una parte fundamental de los valores sociales, culturales, económicos y ambientales asociados al medio rural". Y se asegura que esta situación de despoblamiento se ha podido revertir en otros lugares, como Escocia.

Recuperación económica

Una dificultad que el Estado tendría que afrontar para implantar un régimen fiscal reducido en las zonas despobladas sería el encaje jurídico. Pero advierte de que hay que negociar fórmulas con la Unión Europea, y plantea, por ejemplo, defender la baja densidad y la alta dispersión territorial como un reto a superar para el que se necesita una excepcionalidad fiscal. Añade además el informe que el coste de estas medidas excepciones para el Estado sería "mínimo y podría recuperarse a medio plazo con el incremento de la actividad económica que se generaría" en los territorios favorecidos.

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