El Principado ya está devolviendo dinero a 615 herederos de usuarios fallecidos en geriátricos y a los que se había liquidado de más por un error en la aplicación de la Ley de Dependencia, al no aplicárseles el copago pese a tener derecho a ello. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, explicó ayer en la comisión de investigación que se desarrolla en la Junta General que tres cada cuatro afectados por los errores de liquidación ya han recibido los nuevos cálculos.
Varela presentó ayer los últimos datos correspondientes a la revisión de los expedientes. Ya ha finalizado la notificación de la resolución de 2.394, de los que ya están resueltos y finalizados 1.982. De ellos, se ha revocado las liquidaciones practicadas y emitidas las nuevas a ingresar a 1.366, mientras que a 615 se les ha comunicado que se les van a devolver las cuantías abonadas.
La Consejera de Servicios y Derechos Sociales también aprovechó su comparecencia en la comisión de investigación para aclarar una de las cuestiones planteadas por varios usuarios: ¿Dónde está el dinero que el Estado aporta a la dependencia por cada dependiente? Varela advirtió de que el Imserso respondió por carta a varias reclamaciones explicando la aportación que realiza el Gobierno central por cada dependiente.
"Esa respuesta es incorrecta. El Estado no se relaciona con las personas, sino que aporta una cuantía a las comunidades autónomas para que las gestione", matizó Varela antes de añadir que en 2017 la aportación del Gobierno central a Asturias ascendió a 26 millones de euros para un total de 21.000 personas que tienen reconocido algún grado de Dependencia. ¿Cuánto le cuesta a Asturias atender a sus dependientes? 188 millones de euros en ese mismo ejercicio, de los que unos 150 se destinan a servicios residenciales y centros de día.
Falta de medios
El ERA tiene en la actualidad 1.590 empleados públicos, y este año se incorporarán 101 nuevos, con lo que la plantilla pasará a ser de 1.691 personas. También este año se fortalecerán los servicios centrales, con un incremento de 15 profesionales. La directora general del ERA, Graciela Blanco, lamentó en su comparecencia -por la mañana- que el Principado no podrá cumplir su compromiso de notificar cada seis meses a las familias de los usuarios de los geriátricos la deuda que van acumulando. El motivo es la falta de medios informáticos. Pero señaló que esa información se facilitará a quien la solicite.
También destacó que en esta legislatura se han reducido los periodos de notificación de las liquidaciones a solo 3 meses, cuando en 2015 se estaban tramitando las de 2013. Y los de ejecución se redujeron a 6 meses.
Varela y Blanco coincidieron en destacar el nuevo sistema de funcionamiento normalizado del ERA y el esfuerzo realizado por todo el personal con la escasez de recursos que padece.
