La sospecha de que cada escaño asturiano en el Congreso puede encarecer su precio en votos amenaza con ser la primera condición para el arranque de la precampaña electoral de las generales de abril. En previsión de lo que pueda suceder, los partidos asturianos se obligan a prepararse para optar a un pastel más pequeño, con un diputado menos a repartir en la circunscripción asturiana, víctima de una merma de población que amenaza con restarle ya en la próxima cita con las urnas uno de los ocho asientos que ahora la representan en la Cámara Baja. De resultas de su crisis demográfica, aplicando al último padrón de población publicado la fórmula legal de reparto de escaños por provincias, Asturias corre el riesgo de perder su octavo diputado ya el 28-A. Es ésta una hipótesis todavía pendiente de confirmación en el Real Decreto que convocará las elecciones, una posibilidad peligrosa que revela las fuertes implicaciones de la incesante pérdida de habitantes del Principado.
El paso de ocho a siete parlamentarios obligaría de entrada y en teoría a "pagar" más votos por cada escaño. Y donde Asturias tuvo en 2016 un diputado por cada 131.000 habitantes puede llegar a tocar este año a uno por casi 16.000 empadronados más, uno por cada 147.000. Únicamente pagarían más caro el diputado siete de las 52 circunscripciones provinciales, todas pertenecientes la España demográficamente próspera del centro y el este. En 2016, Asturias fue en esa clasificación la decimoctava provincia. Ahora, con la hipótesis de un escaño menos que en 2016, conseguir un representante costaría más del triple en Asturias que en las circunscripciones más pequeñas -y deliberadamente sobrerrepresentadas en el sistema electoral español-, pero también mucho más que en el promedio nacional, de un parlamentario cada 133.500 habitantes. Serían las elecciones con el escaño más caro de la historia democrática: en 1982, por ejemplo, aquella Asturias con diez asientos en el Congreso tocaba a uno por cada 112.000 asturianos, 34.000 menos que ahora. También redundaría en la tendencia de España a escorar el peso político y el demográfico al centro y el Levante: de las 17 provincias que han perdido escaños desde 1977, diez pertenecen a la del litoral noroeste o a Castilla y León; en el periodo democrático, la suma de Galicia Asturias, Cantabria y Castilla y León ha pasado de 77 diputados a 66. Su pérdida es casi equivalente a la ganancia acumulada de Madrid, Valencia y Murcia.
Riesgo de alianzas
Son datos padronales, a la espera de que la publicación del censo electoral definitivo permita afinar el coste en votos del primer escaño. Pero si se confirma, la caída del octavo pasajero de la expedición asturiana al Congreso tendría también sus notables repercusiones en la estrategia electoral. El resultado de las generales de 2016, el más fragmentado de la historia, dio la victoria a la coalición PP-Foro, con tres escaños, por delante de los dos de PSOE y Podemos y del solitario diputado de Ciudadanos.
Si se confirma el paso de ocho a siete, teniendo en cuenta el incremento de los contendientes en liza y el posible poder distorsionador de la irrupción de Vox, se haría mucho más cuesta arriba para todos el propósito de conseguir tres representantes. El supuesto también encarecería tanto la entrada de posibles aspirantes a la cámara como las ambiciones de incremento de representación de quienes ya están en ella, y hasta puede tener su potencial condicionante en el planteamiento de la reedición de coaliciones electorales. Puede que ceder un sitio de los dos primeros de la lista pueda llegar a ser arriesgado si se tiene en cuenta que será más difícil llegar a tres. Pero todo son hipótesis condicionadas a la oficialización de un cálculo que resulta de aplicar al último padrón del INE la fórmula de reparto de escaños por provincias y que avalan varias fuentes.
