El consejero de Educación no mintió cuando hace una semana defendió en la Junta del Principado que la recuperación de la jornada lectiva de 18 horas semanales en Secundaria se cumpliría "sí o sí" el curso que viene. El Congreso de los Diputados aprobó ayer la norma por la cual el Gobierno de Pedro Sánchez podrá derogar el aumento de la carga docente de 20 horas, que introdujo en 2012 el PP. La eliminación a nivel estatal de esta medida era indispensable para que el acuerdo alcanzado el 26 de noviembre en Asturias entre Educación y sindicatos se publicase en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y se llevase, en consecuencia, a la práctica. El Ejecutivo autonómico ya contempla 417 plazas para hacer frente a la rebaja horaria.

"Publicar el acuerdo sería una provocación. Pero según la ministra Celaá el decreto está en sus últimos pasos y esperamos que su derogación sea inmediata", aseguró la semana pasada el titular de Educación, Genaro Alonso. No se equivocó y ayer la Ministra sacó adelante la ley "de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria", con la supresión de tres medidas: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los profesores -hasta ahora, como mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria, y de 20 en Secundaria-, la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula, y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja. Todo eso ya es historia.

En lo que respecta a la primera medida, la recuperación de las 18 horas de clase en Secundaria, el Gobierno socialista deja "la patata caliente a las comunidades autónomas", en palabras del presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez. Es decir, esa reducción horaria no se aplica directamente en todo el país, sino que dependerá de cada región, "lo que favorecerá que haya una disparidad entre ellas, incomprensible al tratarse de cuerpos estatales", opina Rodríguez. Por otra parte, la norma, profundiza el responsable de ANPE, "obliga al Principado a aplicar las otras medidas: concretamente, eliminar el aumento de alumnos por aula y sustituir las bajas del profesorado desde el primer día, sin necesidad de esperar 10 días".

"Con la aprobación de esta ley se hace mucho más que revertir los recortes educativos. Se salda una deuda con el profesorado y las familias", destacó ayer en el Congreso la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. A diferencia de la derogación de la LOMCE, que no se tramitará por la convocatoria de elecciones, las medidas de esta norma entrarán en vigor el próximo curso.