La batalla de los interinos para equipararse a los funcionarios de carrera se libra en Asturias. De momento un juez ha dicho "no" a las pretensiones de un grupo de profesores universitarios, pero la lucha continúa: presentarán un recurso y confían en una resolución favorable. Su representante legal, Raúl Bocanegra, asegura que las reclamaciones de los interinos están avaladas por una directiva europea y varias sentencias judiciales. Y espera un fallo favorable que siente un precedente para decenas de miles de interinos en toda España.
El problema de los interinos viene de lejos: algunos llevan en sus puestos más de veinte años y su situación se prorroga cada año. Fueron los suyos nombramientos temporales, pero continúan en sus cargos porque no se convocan oposiciones. La Unión Europea (UE) se manifestó sobre este asunto ya en 1999, a través de una directiva que estableció que existe en toda Europa, y en particular en España, un abuso de las contrataciones temporales. La directiva incorpora un acuerdo con los sindicatos para la protección de los trabajadores contra la contratación temporal.
La "regla de oro" de la directiva europea es que la "situación normal" de los trabajadores es el contrato indefinido, porque asegura "la tranquilidad y el rendimiento". La UE establece así medidas sociales de protección frente al abuso patronal. Y no distingue entre sector privado, regido por el derecho laboral, y el sector público, adscrito al derecho administrativo: se refiere a "todos los trabajadores", señaló Bocanegra.
El abogado ovetense, experto en derecho administrativo, resaltó que la Administración no sigue la "lógica de mercado", ni persigue el beneficio, sino "proteger los servicios públicos" y "beneficiar a los ciudadanos". De ahí que el acceso a la función pública se rija por los criterios de mérito, capacidad, igualdad y capacidad. Pero la tasa de interinidad, ajena a esos criterios, se sitúa en España por encima del 30 por ciento. Sobre todo porque las oposiciones requieren como mínimo dos años de tramitación. Así que resulta "más fácil" recurrir a interinos.
La lucha de los interinos ha sido larga. Poco a poco han ido ganando pleitos y terreno a la Administración. Han conseguido atención médica, jubilación (en un principio no tenían), mejores sueldos... Y ahora algunos luchan en los tribunales por adquirir los mismos derechos que los funcionarios de carrera.
Dos sentencias del Tribunal Supremo y una del Superior de Justicia del País Vasco les han dado la razón, con argumentosque van en sintonía con la directiva comunitaria que rige en Europa. Y han determinado que el nombramiento de interinos debe estar justificado y ser necesario para cubrir necesidades imprevistas o urgentes. Los jueces han situado el horizonte temporal en tres años: más allá de ese período de tiempo no está justificado contratar a interinos y se hace necesario convocar oposiciones. Y han señalado que los interinos que superan esos tres años deben ser considerados "funcionarios indefinidos no fijos".
Raúl Bocanegra representa a profesores universitarios, tanto de Asturias como de otras regiones, que reclaman "estabilidad" y "equiparación" con compañeros que desarrollan exactamente el mismo trabajo que ellos. Y reclaman ser considerados "indefinidos no fijos o equivalente".
El letrado admitió que las sentencias emitidas hasta ahora reconocen derechos individuales, en algún caso a causa de despidos, pero considera que todas ellas se enmarcan "dentro de una doctrina jurisprudencial".
Claro que también está la "independencia judicial", que ha llevado a un juzgado ovetense a rechazar las demandas de los interinos, al considerar que no se ha probado que exista una "situación abusiva", lo que, según el letrado "aviva el fuego de la polémica".
Además, el juez esgrime que aceptar las demandas de los profesores desataría el "caos" en la enseñanza universitaria. Bocanegra lo tiene meridianamente claro: ese posible caos "no es culpa de los profesores", sino que fue generado "por la Administración", por lo que considera "injusto" que paguen por ello los trabajadores. Por ello "la lucha sigue", concluye el abogado.
