La justicia asturiana ya no es sólo pionera en Europa en el desarrollo del proyecto de lectura fácil para hacer comprensible una sentencia, sino que ahora es también la primera en hacerlo en el Contencioso-Administrativo para una víctima de suplantación de identidad. Se trata de un joven con un 65% de discapacidad intelectual a cuyo nombre pusieron dos coches y estuvo a punto de ser embargado por las multas y sanciones administrativas de Tráfico.
En el fallo judicial se explica en lenguaje asequible qué es una demanda, la usurpación de identidad, cómo se demostró que la firma que figuraba en los contratos no era la suya, qué ha decidido el juez y qué tiene que hacer si le llegan más sanciones.
La solicitud de la sentencia de lectura fácil la realizó la abogada de la víctima, Ana María Valle, letrada de oficio que, según ella misma explicó, se enteró en el Colegio de Abogados de Oviedo de que existía esa posibilidad. Se dio además la casualidad de que le correspondió el magistrado titular del Contencioso-Administrativo 1 de Oviedo, Juan Carlos García, delegado del Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), e impulsor del proyecto de lectura fácil.
"Comprobé que efectivamente se cumplían los requisitos para atender la solicitud de la letrada, y solicité al Principado la contratación con la entidad que correspondiera para su financiación. La respuesta fue negativa, al entender la Dirección General de Justicia que no era un asunto de necesidad o lo suficientemente importante", relató el magistrado.
Entonces recurrió "a quien sabía que me podía ayudar". La asociación de atención a personas con discapacidad intelectual Plena Inclusión Asturias, que es de quien partió la idea originaria de la lectura fácil de las sentencias y que puso en marcha el proyecto con el TSJA en 2017. La respuesta fue positiva, y a costa de la asociación.
El resultado es que una farrogosa sentencia -por técnica- de seis folios le llegó al demandante discapacitado acompañada de otra en versión de lectura fácil de sólo dos hojas que comienza con la pregunta "¿Qué es este documento?" Y le explica que "una sentencia es la decisión final de un Juez sobre un juicio", que con ella "se resuelve la demanda" que interpuso contra la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias. Y al lado, en un recuadro, le explica qué es una demanda. Y así hasta que llega al fallo, las consecuencias y cómo tiene que obrar si le llegan más sanciones.
Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión Asturias, explicó que los técnicos de la asociación trabajaron de manera gratuita en este caso porque "cualquier persona con discapacidad intelectual tiene derecho a entender una sentencia. Es un trabajo muy complejo, porque el sistema de lectura fácil es muy estricto, con unas normas reguladas a nivel europeo, y el texto definitivo no está finalizado hasta que no es absolutamente comprensible. Es muchísimo trabajo, tiene costes y el Principado está dormido en este asunto", explicó.
El magistrado Juan Carlos García remarcó que pese a que el proyecto de sentencias de lectura fácil salió de Asturias y lo están copiando en el resto del país y ha tenido repercusión mundial, con premios nacionales e internacionales, "otras autonomías nos ganan la mano, porque estas incorporando el proyecto y financiándolo, y el Principado, que debería ser un ejemplo a nivel mundial, sigue sin facilitar su financiación, pese a que es escasa". Casilda Sabín señaló que el coste anual podría situarse en unos 15.000 euros. "Queremos que se extienda a todos los órdenes judiciales, pero sin financiación nos quedamos atrás y nos adelantan otras comunidades", remarcaron ambos.
