Todos los grupos de la Junta General del Principado han dado respaldo esta mañana a la aprobación definitiva de la ley de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa de productos alimentarios, un proyecto de Gobierno que según la defensa que hizo de él en la cámara la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, sienta las bases para dotar de "un marco normativo integral y moderno" a un sector que ocupa "el segundo lugar en la producción industrial" del Principado, que da cobijo a más de setecientos empleos y aporta a la economía regional unos 2.000 millones de euros al año. El texto legal regula la venta directa de productos alimentarios por parte de los productores y garantiza, según la Consejera, "el compromiso de la administración en su defensa y promocion". Da asimismo "carta de naturaleza a la intensificación de la producción ecológica, avanza en las marcas de garantia públicas y privadas e incorpora el concepto de artesanía alimentaria, incluyendo la de montaña".

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Los grupos la dieron de paso, aunque Podemos puso en evidencia la necesidad de vigilancia de su cumplimiento y de un intenso proceso de desarrollo reglamentario, dada la ingente cantidad de preceptos que incluye el texto y su carácter muy general y exhaustivo. El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, justificó su apoyo a la ley en su necesidad, aunque echa en falta en ella el "impulso modernizador" que incluían algunas de las enmiendas presentadas por su grupo y rechazadas, como las referencias al comercio electrónico en la venta directa de estos productos o la "solidaridad alimentaria", con medidas contra el desperdicio de alimentos. Los reparos que también Foro expresó vía enmiendas y el retraso en la tramitación del proyecto que afearon otros grupos no obstaculizaron la aprobación del texto por unanimidad.

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