02 de marzo de 2019
02.03.2019
La Nueva España

Asturias coordina la sanidad y los servicios sociales para atender a la población más frágil

El Plan Sociosanitario del Principado movilizará 16 millones hasta 2021 / El documento incluye 110 medidas dirigidas a lograr una intervención coordinada que optimice recursos y facilite la colaboración entre profesionales

02.03.2019 | 14:12
Francisco del Busto, a la izquierda, y Pilar Varela, esta mañana, en la Residencia Santa Teresa de Oviedo.

La población más frágil y vulnerable de Asturias presenta necesidades que exigen una combinación de la asistencia sanitaria y los servicios sociales.

El Plan Sociosanitario del Principado 2019-2021, presentado esta mañana en Oviedo, movilizará más de 16 millones en estos tres años "para mejorar la eficacia de los servicios públicos en la atención integral y de calidad a colectivos vulnerables", según explicaron los consejeros de Sanidad, Francisco del Busto, y de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

Los destinatarios de este plan son las personas mayores o aquellas con enfermedades crónicas, de salud mental o discapacidad. Entre otras medidas, establece la creación de unidades sociosanitarias de convalecencia. La primera, que se abrirá en breve, se situará en la Residencia Mixta de Gijón; la segunda, en la residencia Santa Teresa, de Oviedo; y la tercera, en Avilés, en un lugar aún por determinar. Cada una constará de 25 plazas, hasta un total de 75.

El documento fue aprobado días atrás por el Consejo de Gobierno. Según ambos miembros del Ejecutivo autonómico, "constituye un elemento clave para garantizar una atención equitativa y de continuidad a quienes requieren de una intervención coordinada por parte de los ámbitos social y sanitario".

Optimizar recursos

El plan permitirá ahondar también en la eficiencia de ambas redes (social y sanitaria), "gracias al establecimiento de mecanismos que permitirán optimizar recursos y facilitarán la colaboración entre profesionales", señalaron Varela y Del Busto. Asimismo, "favorecerá la cualificación del personal y creará un sistema de información compartido para el manejo y seguimiento de los usuarios".

La planificación ha sido elaborada por cerca de un centenar de profesionales de los sistemas de salud y servicios sociales que integran los órganos de coordinación socio-sanitaria creados por decreto en diciembre de 2016: el consejo interdepartamental, la comisión técnica y los equipos territoriales. Todos ellos, a su vez, se encargarán de coordinar y ejecutar las actuaciones previstas.

El documento se estructura en cinco líneas estratégicas, que se concretan en 59 acciones con un total de 110 medidas. Una de las líneas, dotada con una partida superior a los 13,2 millones (la más costosa, con diferencia) , da prioridad a la intervención sobre poblaciones con necesidad de protección social y promoción de la salud, y recoge medidas como el citado establecimiento de unidades sociosanitarias de convalecencia y potenciar la atención a personas mayores con enfermedades crónicas. Para esto último, "se contratarán ocho trabajadores sociales y ocho médicos de atención primaria y/o especialistas en geriatría".

El plan prevé un aumento de 40 plazas en centros de alojamiento temporal y definitivo para personas con dependencia reconocida.

Registro compartido de información

La segunda línea de actuación, a la que se destinan 1,5 millones, va dirigida a crear un registro compartido de información, en el que se incluye la implantación de la historia social única electrónica y su integración con la historia clínica digital.

Asimismo, se contratarán seis farmacéuticos para el desarrollo de un modelo de atención en este campo, el desarrollo de un sistema conjunto de aprovisionamiento de material sanitario y hostelería, y la puesta en marcha de sistemas comunes de servicios analíticos.

Otra de las líneas estratégicas es la de fomentar la sensibilización profesional, la formación y la transferencia de conocimiento, con el fin de difundir el contenido del plan entre los sectores implicados: usuarios, profesionales y tercer sector. Para este fin se asigna una partida de 48.600 euros.

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