El pago anticipado de un canon por la cesión del suelo para extender el cable del Principado en la troncal del occidente no es legal. Es una de las conclusiones del informe jurídico remitidas por el Administrador de Infraestructura Ferroviaria (Adif) al juzgado número 4 de Oviedo, que instruye las diligencias sobre la gestión de la empresa regional del cable (GITPA) desde hace más de cuatro años. El informe del Adif confirma las advertencias y reparos realizados por funcionarios del servicio de Telecomunicaciones del Principado acerca de las obras para la extensión de la red de cable en los concejos del Occidente de Asturias a donde no llegaban los operadores particulares.
La empresa Comfica Soluciones Integrales, adjudicataria del proyecto para esas actuaciones, acordó el abono a Feve de un canon de 1,74 millones de euros por la ocupación de terrenos de dominio ferroviario para un período de 15 años, en los que se iba a instalar el cable del Principado.
El informe de los servicios jurídicos de Adif señala que la liquidación de ese canon "no se corresponde" con lo dispuesto en la legislación del sector ferroviario. También cuestiona que el convenio suscrito entre la empresa Comfica y Feve suponga "compromiso alguno concreto y efectivo para el Principado", ya que la administración regional no figura como firmante de dicho acuerdo: "Es importante tener presente que el hecho de que se constituyese una obligación para una tercera parte sin que concurra su consentimiento no es una vulneración del ordenamiento jurídico, aunque sí se debe advertir del riesgo de no disponer de acción por parte de Feve para exigir al Principado el cumplimiento de la obligación" recogida en el citado convenio.
Por último, el Adif también admite que en sus archivos no constan documentos que permitan justificar cómo se realizó el cálculo del importe de ese canon, cifrado en 1.740.000 euros.
El juzgado de instrucción número 4 de Oviedo investiga la gestión de la empresa regional del cable, que también ha sido objeto de una comisión parlamentaria en la que se abordó el establecimiento de este canon, entre otras cuestiones. La portavoz de Podemos en esa comisión y candidata a la presidencia del Principado, Lorena Gil, destacó que el contenido del informe del Adif "ratifica lo que los empleados públicos del Servicio de Telecomunicaciones denunciaron hace cinco años: el canon por la ocupación de los terrenos en los que se construyó la troncal de Occidente vulnera la legislación ferroviaria".
La diputada sostiene que este informe "desmonta una de las principales líneas argumentales de los altos cargos del gobierno socialista" que comparecieron en la comisión de investigación de la Junta. Gil recalcó que ese convenio "costó a la ciudadanía asturiana 1,74 millones" cuando a juicio de algunos juristas debía "haber sido gratuito, como los suscritos con Cadasa o la Universidad".
