"Ésta no es la sanidad en la que creemos". Los enfermeros expedientados y apartados del servicio tras declarar ante el juez que había dos compresas en el interior de un paciente fallecido durante una intervención quirúrgica terminan con esa frase su protesta decepcionada y perpleja delante de la Junta. Los profesionales del área de Cirugía Cardíaca en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), dos separados del servicio, siete incluidos ellos con expedientes abiertos, acompañaron ayer con su "más absoluta y total indignación" la primera incursión del "caso de las gasas" en el parlamento regional. Podemos preguntó al respecto al consejero de Sanidad en la sesión de control al Gobierno y antes de que Francisco del Busto se inhibiera por falta de competencias los implicados lamentaron verse abocados a una situación "incomprensible", a una separación "arbitraria" del servicio, a una medida "punitiva y represiva" por haber declarado en contra de "los intereses del Servicio de Salud del Principado (Sespa)".
El recuento de represalias da un enfermero y una enfermera expulsados del servicio, ellos y otras cinco enfermeras expedientadas y en un año ocho bajas por "ansiedad, estrés y depresión". Cinco siguen en tratamiento psiquiátrico, denunció en nombre de todos Pablo Blanco, uno de los apartados. "Llevamos de quince a más de treinta años de servicio", denunció, "y nunca habíamos tenido ningún expediente hasta que declaramos como testigos en un juicio", matizó que como "testigos de la verdad de lo sucedido", ateniéndose a su "obligación ética y legal" y al código deontológico de la enfermería, que les obliga a "velar por la seguridad y la salud de los pacientes".
Mientras eso pasaba fuera, en el hemiciclo el consejero pisaba con pies de plomo al responder a la pregunta del diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova. "Este tema todavía esta sub iudice. Por eso este consejero se calla la boca", dijo aduciendo falta de competencias para entrar en el asunto, esgrimiendo también un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que descarta el acoso laboral. "Los órganos de representación de los trabajadores", añadió el Consejero, "fueron puntualmente informados de las medidas adoptadas por la jefatura de servicio sin que ningún representante mostrase oposición". Hasta ahí. Por lo demás, "un consejero no tiene competencias para resolver estos temas", "en un caso así, sin una sola sentencia y con un proceso penal en curso en el que se formulan acusaciones muy graves, un consejero debe tener la boca cerrada. Callar como un muerto". Antes, el diputado Andrés Fernández Vilanova había contradicho su versión con un "por supuesto que tienen competencias, puede dar órdenes al gerente del Sespa para que intervenga", y había denunciado el caso como "un ejemplo crudo de abuso de poder, omertá y vendetta" (ley del silencio y venganza, en los códigos de la mafia siciliana). "Aunque el servicio de prevención de riesgos no lo vea", subrayó, "hasta un ciego ve que se está represaliando a siete trabajadores por declarar contra sus jefes". Conectando con este caso la postergación de dieciocho operaciones en el área, concluye que "los capos de la sanidad hacen que aumenten las listas de espera con el consentimiento, conocimiento y encubrimiento de las direcciones".
"Acotar" Historia en la EBAU
El resto del pleno de control en la Junta controló sobre todo al consejero de Educación. Genaro Alonso volvió a negar, a preguntas del PP, una EBAU -la antigua selectividad- única para toda España, pero sí dio alguna pista sobre sus planes para hacer más abarcable en la prueba el temario de Historia, por su extensión el gran caballo de batalla de los últimos años. El Consejero abogó por "acotar mejor" el temario para "orientar" a los alumnos. Se trataría de acotar de las posibles preguntas de 96 ítems a 73 y la garantía de que "lo que se pregunte en un año no se pregunte en el siguiente".
Más inglés, más dinero
A preguntas del mismo grupo asumió Alonso "líneas de mejora" en el programa de educación bilingüe en inglés. "Sería un gasto añadido, pero habría que afrontarlo", aceptó después de defender los logros de la respuesta de "más de 30.000 alumnos" participantes en el proyecto. El diputado popular David González Medina le había reclamado aumentar las horas lectivas en inglés hasta un mínimo del treinta por ciento. "Ese es el bilingüismo que quieren las familias asturianas, no ese bable que ustedes venden", aseguró.
