Todos los grupos de la Junta General del Principado han dado de paso esta mañana la nueva regulación de los conciertos entre la administración autonómica y las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios sociales. La norma, que ha recibido el parabién unánime de toda la cámara en el pleno de esta mañana, prevé "ordenar de manera estable la relación con las entidades del tercer sector" y dotar a la comunidad autónoma de "un marco legal que garantice la continuidad de esta colaboración, la haga más estable y permita un modelo sostenible y más continuado" con "un marco seguro para la contratación de este tipo de servicios". La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, expuso en estos términos el contenido de una ley que los grupos festejaron como la respuesta a una demanda "histórica" de las organizaciones del tercer sector que pone en valor la fortaleza del sistema de atención social.
La ley traspone la normativa comunitaria al respecto y trata de dar seguridad a las contrataciones con las entidades de servicios de protección de menores, atención a dependientes, la prevención de la exclusión social y un extenso catálogo de posibles actuaciones de respaldo a necesidades de diversa índole. En el mismo ámbito de los servicios sociales y con la misma unanimidad, aprobando en una misma sesión la toma en consideración, la tramitación por lectura única y el texto de la ley, la cámara ha dado de paso la implantción de la "historia social única electrónica", que garantiza la digitalización de los expedientes de los usuarios del sistema público de servicios sociales para agilizar sus relaciones con la administración y la gestión de estas actividades.
