El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido la demanda que Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ha presentado contra la Consejería de Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente por la anulación del convenio de colaboración que desde el año 2004 vinculaba al FAPAS con el Gobierno Regional de Asturias en materia de conservación de la biodiversidad.

El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente argumentó para anular el convenio que FAPAS nunca ha sido poseedor de permisos y autorizaciones para trabajar en conservación e investigación, una circunstancia que ese colectivo considera "totalmente falsa", ya que sí ha poseído las autorizaciones pertinentes para trabajar en especial con el seguimiento y control del oso pardo.

FAPAS ha señalado que ha sido convocado durante años por el Gobierno de Asturias para aportar sus datos de trabajo, siendo estos integrados en los propios trabajos de la Administración, lo que ha facilitado que desde hace décadas esta organización no gubernamental (ONG) participara directamente en las estrategias de conservación de la biodiversidad en Asturias.

El desencuentro entre FAPAS y el Gobierno de Asturias comenzó con la creación de la nueva Viceconsejería de Medio Ambiente, dirigida por el veterinario Benigno Fano, que desde su llegada, según la entidad denunciante, generó "un profundo cambio en la conservación de la biodiversidad en Asturias, basada en la erradicación de la fauna silvestre de los espacios protegidos, bajo el pretexto de los daños que causan a intereses rurales, sin contemplar otras medidas de gestión que permitan la conservación de la biodiversidad y la defensa de los intereses agrarios y ganaderos".

FAPAS con su capacidad de trabajo de campo asegura que ha comprobado la "notable disminución de especies como jabalí y ciervo en las grandes reservas de caza", que a su vez son también espacios protegidos, al estar catalogados estos territorios como parques naturales y reservas de la biosfera.

La disminución de estas especies por una excesiva presión cinegética, es, según el FAPAS, una de las razones del incremento de los ataques del lobo a la cabaña ganadera "al ser eliminadas sus presas naturales, en contra de lo que sugiere el Plan de Gestión del Lobo en Asturias, que contempla su incremento y conservación para facilitar al lobo las presas naturales de las que debe alimentarse".

FAPAS ha alertado en numerosos ocasiones que la desestructuración de la población de lobos en zonas de alta montaña, eliminado ejemplares de manera arbitraria, junto con la disminución de sus presas naturales y la ausencia de carroñas que cumplen un papel de gran importancia en la alimentación natural de estos depredadores, es "la clave para entender que el lobo se haya convertido en un problema del mundo rural".

La no sumisión del FAPAS a la estrategia del Gobierno de Asturias de "aparecer ante la sociedad como protectora del mundo rural matando lobos" y la capacidad operativa de la asociación en su trabajo de campo desde hace más de treinta años obteniendo información técnica sobre la evolución de la fauna salvaje que "pone en evidencia la aplicación de una política ambiental de la fauna silvestre torticera, es sin duda el detonante" del conflicto.

De ahí que el Gobierno de Asturias, a través de la Consejería que dirige el Consejero Fernando Lastra, decidiera "poner fin con argumentos falsos a la posibilidad de FAPAS de continuar trabajando con la libertad que lo había hecho durante los catorce años que ha durado el convenio de colaboración suscrito en el año 2004". El Ejecutivo intenta así evitar que FAPAS tenga "capacidad de continuar obteniendo información técnica de la evolución de las poblaciones de fauna salvaje de los espacios protegidos de Asturias".