16 de marzo de 2019
16.03.2019

La Cornisa se une para defender una PAC que beneficie a los ganaderos en activo

Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco acuerdan en Oviedo una posición conjunta ante la nueva reforma de las ayudas agrarias

16.03.2019 | 00:51

Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco pactaron ayer en Oviedo una posición única sobre la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC), centrada en unas ayudas justas que beneficien a los ganaderos profesionales en activo y a las explotaciones familiares que forman el gran tejido económico del sector en la cornisa cantábrica.

Así lo anunció ayer la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, que participó junto con sus homólogos de las otras tres autonomías en una jornada de coordinación para reforzar esa postura conjunta. A la reunión asistieron, además de la representante asturiana, el consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González; el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Jesús Oria, y el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del País Vasco, Bittor Oroz.

Álvarez valoró la sintonía mostrada por las cuatro comunidades, plasmada en un documento. "Conformamos una unidad biogeográfica, un territorio que comparte clima, orografía y un mismo sistema productivo, por lo que este acuerdo nos dará más fuerza para defender los intereses de nuestros ganaderos y agricultores", subrayó. Además, insistió en la importancia de que la futura PAC tenga en cuenta las especificidades de los cuatro territorios. Entre ellas citó, junto con el pequeño y mediano tamaño de las granjas, su ubicación en zonas de montaña o con limitaciones naturales.

Despoblamiento

"También debemos afrontar retos comunes como el envejecimiento y la despoblación del medio rural", agregó. Las cuatro comunidades defienden una PAC, después de 2020, con suficiente presupuesto, más justa y equitativa y que supere los desequilibrios entre territorios. Además, creen que debe orientarse a la producción de alimentos, a los profesionales del campo y a la generación de empleo y actividad. Las autonomías que han suscrito el documento demandan un tope máximo de ayuda por explotación de 60.000 euros, precisamente para beneficiar a las más pequeñas, y que las ayudas directas se destinen a los agricultores profesionales, pero sin excluir totalmente a aquellos que se dedican a la actividad agraria de forma parcial. También reclaman una discriminación positiva para las zonas de montaña.

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