Al PP le crecen los enanos con la doble cita electoral cada vez más cerca. Tras conocerse el caso de una carta injuriosa que salpica a Luis Venta, apartado de la secretaría general del partido en Asturias, ayer salió a la luz la condición de investigada de su candidata al Principado, Teresa Mallada, en un presunto caso de prevaricación que afecta a todos los concejales de Aller -PSOE, IU y PP- en 2008. Todos ellos, a raíz de una denuncia de una concejala de Podemos en 2017, han terminado investigados por aprobar la cesión gratuita de terrenos -comprados previamente al Ayuntamiento de Mieres- al Montepío de la Minería para construir su geriátrico de lujo, pese a la existencia de informes contrarios de Secretaría e Intervención.

El proceso fue instruido por el juzgado número 2 de Lena, donde todos los investigados fueron citados a declarar a través de una providencia dictada el 24 de mayo de 2018, según aclararon ayer fuentes judiciales oficiales, que precisaron que fue el 10 de julio cuando Mallada tenía la cita para personarse en sede judicial, donde se acogió a su derecho a no declarar. Algo que contrasta con la versión de la ahora candidata del PP así como de otros de los investigados del partido, que aseguran que únicamente recibieron la notificación de la denuncia y que sólo hubo requerimiento de documentación municipal.

Finalmente, el juzgado lenense se inhibió al darse cuenta de que era un asunto vinculado al "caso Hulla", a cargo del juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, que tomó las riendas del asunto con un auto del pasado 11 de marzo. El "caso Hulla" es el que investiga las posibles irregularidades en la construcción de la residencia de Felechosa con las que supuestamente hicieron su fortuna el exlíder del Soma José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo.

Es con el traspaso de competencias entre juzgados cuando ha trascendido la situación judicial de Mallada, así como de los otros 16 ediles de entonces: el exalcalde Gabriel Pérez Villalta; David Moreno, Francisco Velasco, Elena Ordóñez, Carlota Pérez, Santos Fernández y Esther Martínez (PSOE); Juan Sutil, Juan Antonio del Peño, María del Pilar Freije, Beatriz Espinedo, Francisco Azaustre y Alberto Fernández (PP); y Alfredo González, José Manual Díaz y María Eugenia Díaz (IU).

A la causa se une también la Fiscalía anticorrupción, que, además, desde antes de la denuncia de la concejala podemista de Aller hacía mención al asunto en su querella relativa al "caso Hulla". Ahora, las diligencias iniciadas en Lena se unen al grueso del procedimiento en Oviedo. Es decir, se acumulan en la parte referida a los delitos de prevaricación administrativa del "caso Hulla" aunque en el auto figure como "pieza separada", según explican fuentes del juzgado. La parte de la denuncia emitida en 2017 por una concejala de Xente por Aller (marca local de Podemos) que afecta a todos los ediles -incluidos los de la oposición del PP, entre los que estaba Mallada- es la relativa a la aprobación por unanimidad -primero provisional el 21 de noviembre de 2008 y luego definitiva el 21 de enero de 2009- en el Pleno de la cesión al Montepío de la Minería de un terreno comprado por el Ayuntamiento de Aller al de Mieres para la construcción de la residencia de lujo de Felechosa. El resto de cuestiones suscitadas por la denuncia, relativas a licencias de obra y actividad y otras tramitaciones, competerían exclusivamente al gobierno local que formaban PSOE e IU y ya han salpicado al exalcalde Pérez Villalta y al actual alcalde, David Moreno, quien ejercía de edil de Urbanismo por aquellas fechas. Ambos ya son investigados en la pieza central del "caso Hulla".

Ahora está por ver el recorrido que tiene la acusación masiva de prevaricación a toda la corporación, máxime cuando ya se apunta a Villalta y Moreno como grandes responsables políticos municipales. Es probable que no todos los ediles de todos los partidos terminen afectados. Así, Mallada podría recurrir ya solicitando el archivo de la causa que le afecta. En cualquier caso, el proceso hasta el sobreseimiento puede alargarse entre recurso y recurso, haciendo difícil que se solvente antes de las elecciones del 26 de mayo.