Los gobiernos que salgan de las elecciones de abril y mayo tendrán que afrontar numerosas carencias en materia de gestión del dominio hidráulico. Las más destacadas requerirán un gasto de 107 millones de euros y todas deberían finalizar en 2021, excepto la que afecta la ordenación del río Negro en Valdés, cuya ejecución está prevista para el período 2022-2027. Una "herencia" embarazosa, a la vista de las actuales limitaciones presupuestarias.
Son obras que, en buena parte, ha venido impulsando la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), en algunos casos con la ayuda de los fondos europeos y la colaboración del Principado y los ayuntamientos afectados. Algunas de esas obras forman parte de la "deuda histórica" del Estado con Asturias: son compromisos incumplidos como consecuencia de la crisis económica. Pero hay mucho más: la "deuda" del Estado con la región solo por obras de depuración comprometidas y no ejecutadas supera los 180 millones, ya que también habría que incluir las que afectan a Gijón Este, Valle de San Jorge (Llanes), Tapia, Villaviciosa o Luarca, entre otras.
En materia de saneamiento el Estado tiene prisa por mejorar la depuradora de Avilés (Maqua) para evitar sanciones de la Unión Europea por incumplir la directiva que obligaba a depurar con tratamiento secundario (biológico) todas la aglomeraciones de más de 15.000 habitantes antes de 2001. La depuradora de Maqua funciona desde 2004, pero requiere una remodelación de las instalaciones, pues en la actualidad no alcanza las exigencias comunitarias. El Estado estima el gasto en 39,8 millones. El proyecto está a falta de unas consultas y del trámite de evaluación ambiental simplificada.
La depuradora de Gijón Oeste (La Reguerona) tiene pendiente una actuación de mejora para cumplir las exigencias de la directiva europea. El Estado prevé una inversión de casi 20 millones: un colector industrial que empezará a funcionar este verano.
En la cuenca media del Nalón resta finalizar el saneamiento, obra valorada en 4,5 millones y que afecta a los concejos de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba.
En materia de protección frente a inundaciones, la obra más costosa es la que afecta a Arriondas, localidad muy castigada por las crecidas de sus tres ríos: Sella, Piloña y Chicu. El proyecto para proteger la villa de las riadas implicará un gasto de casi 15 millones. Si no hay nuevos retrasos, Arriondas quedará protegida contra las crecidas en 2022, tras pactar hace unas semanas el Estado, el Principado y el Ayuntamiento de Parres el reparto de la inversión: el 75 por ciento la CHC y el 25 por ciento el Ejecutivo autonómico, mientras que el organismo local debe conseguir los terrenos libres de cargas y mantenerlos.
El plan para proteger Vegadeo de las inundaciones está a falta de los trámites ambientales. La estimación de gasto se sitúa en torno a los 10 millones. En su momento la Confederación ya señaló algunas necesidades concretas, como el estudio de la afección del puente de Feve en la evacuación del agua de las crecidas y la posibilidad de prolongar el muro de la margen izquierda del Suarón, así como construir muros en varios tramos del río Monjardín que discurren por zonas urbanas. También se anunció el cambio del curso del Monjardín a su paso por la zona de Ferreira.
Asimismo, está previsto acometer medidas estructurales de protección contra inundaciones en Trubia con una inversión estimada de 4 millones. Finalmente, la ordenación hidráulica del río Negro en San Timoteo y Raicedo, en Valdés, obligará a gastar cerca de 3 millones de euros en dos fases: la primera, los estudios de desarrollo, análisis de la viabilidad ambiental y económica y definición del proyecto (85.000 euros), y la segunda, a partir de 2022, la ejecución de la obra (2,7 millones).
