Toda la corporación municipal de Aller en 2008, incluida Teresa Mallada, "sabía que lo que hacía era ilegal" cuando respaldó en el pleno la cesión al Montepío de la Minería de los terrenos para construir el geriátrico de Felechosa. Y como sabía lo que hacía, al menos a los ojos del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN), la candidata del PP a la presidencia del Principado "miente" cuando dice que estaban "avalados" todos los pasos que dio como concejala en el pleno allerano y en concreto los que la a la situación procesal de investigada por presunta prevaricación. Manuel Benayas, portavoz de OCAN, traza esta línea argumental después de releer los informes desfavorables emitidos en su momento, noviembre de 2008, por la secretaría y la intervención municipal del Ayuntamiento de Aller y de concluir que el voto favorable unánime de todos los grupos de aquel pleno (PSOE, IU y PP) se emitió con pleno conocimiento del riesgo de delito en que incurría la corporación.
El representante de la organización, vinculada a Podemos, volvió ayer sobre las advertencias técnicas y jurídicas expuestas entonces, según las cuales el Ayuntamiento no podía regalar parcelas "para beneficiar a una entidad privada", a un organismo sin ánimo de lucro pero no catalogado oficialmente como de interés público, que además disponía de "recursos suficientes para comprarlas". Benayas empezó y terminó acusando a la candidata de mentir y de obrar a sabiendas de que incurría en una presunta ilegalidad, elemento distintivo del delito del que ha de responder. No la exonera, a sus ojos, ni el "yo no gobernaba" -aduce que el pleno es en este caso "el órgano de gobierno competente"- ni las alusiones de Mallada al interés que tenía el proyecto para el pueblo: "Eso no habilita a nadie para saltarse las normas a la torera". Tampoco la ayuda, persevera el abogado de la organización, Alberto Suárez, el hecho de que aquel pleno decidiese orillar las advertencias sin aportar "ningún informe alternativo para intentar contrarrestar la argumentación de los técnicos municipales".
El caso es que la denuncia que por aquel caso de hace diez años presentó una edil de Xente por Aller (marca local de Podemos) era una bomba de activación retardada que ha explotado en plena precampaña electoral, al desvelarse el viernes que el juzgado de Lena que lo instruía se inhibe en favor del que lleva el "caso Hulla" en Oviedo y que Mallada está siendo investigada junto a sus compañeros de corporación por presunta prevaricación. "Hulla" indaga posibles irregularidades en la construcción de la residencia del Montepío y sus vínculos con la fortuna del exlíder del SOMA José Ángel Fernández Villa y del expresidente del Montepío José Antonio Postigo. Más que con el beneficio al interés público que aduce Mallada, opone Benayas, "todo esto tiene que ver con el poder omnímodo de Villa y con sus vasos comunicantes en todos los partidos".
La representación jurídica de OCAN, por lo demás, no tiene constancia de si la candidata popular fue citada a declarar en julio de 2018, como aseguran las fuentes jurídicas oficiales, o no, como sostiene ella. "Lo desconozco", apunta Suárez, "pero lo lógico, en un año de instrucción, es que se hubiese llamado a declarar a los investigados".
