"El 1 por ciento del personal del Sespa hace negocios con la industria farmacéutica y en detrimento del sistema sanitario público", han denunciado esta mañana los diputados de Podemos Lorena Gil y Andrés Fernández Vilanova. Las cifras recibidas por algunos facultativos alcanzaron, en un caso, los 31.240 euros en 2017.
El Grupo Parlamentario de Podemos Asturies en la Junta General pedirá el respaldo del resto del hemiciclo para sacar adelante una enmienda a la Ley de Salud en la que se insta a los profesionales de la sanidad pública a informar sobre los posibles conflictos de intereses que puedan tener al recibir pagos de farmacéuticas por ofrecer charlas y asistir a congresos.
Andrés Fernández Vilanova y Lorena Gil han presentado esta enmienda en rueda de prensa, explicando que la misma se someterá a la confianza del Parlamento asturiano después de que en la ponencia de la Ley no se incorporara al texto completo que se votará en el último pleno de la legislatura.
Ante esta negativa, encabezada por el PSOE, Vilanova ha pedido al secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, que inste al grupo parlamentario a votar a favor de la enmienda y dé paso así a una ley "valiente" y no una norma que trate estos asuntos "de forma superficial y cobarde", tal y como ha afirmado la parlamentaria y candidata al Principado Lorena Gil.
En el actual proyecto de Ley de Salud, ha explicado Gil, el Gobierno "no se atreve a señalar e investigar a los poderosos que hacen negocio" y "prefieren pactar con el PP". "Nosotros planteamos una enmienda valiente que va más allá y pone el foco en quienes se enriquecen", ha aseverado.
Con esta modificación Podemos busca lograr una mayor transparencia en materia de gestión de recursos sanitarios, incorporando la declaración pública de conflictos de interés privado tales como compaginar la actividad en la Sanidad pública con una actividad económica privada; cobros recibidos de empresas privadas; formación pagada por dichas empresas; obsequios; o participación en proyectos de investigación remunerados.
Esto es necesario, a juicio del diputado Fernández Vilanova, ya que se dan ocasiones en las que algunos profesionales de la Sanidad pública asturiana llegan a recibir más de 31.000 euros en un año por parte de farmacéuticas en conceptos de inscripciones en congresos, desplazamientos u honorarios por ofrecer charlas.
Más de 30.000 euros en un año
Éste es el caso de un reumatólogo que, según han constatado los diputados de Podemos en los portales web de los laboratorios, ha percibido 25.954 euros de uno de ellos (877 por inscripción, 3.605 por desplazamientos, 18.800 por honorarios y 2.672 por otros conceptos), y 5.286 euros de otra empresa (4.500 por honorarios y 786 por otros conceptos).
El Gobierno, ha criticado, "lo sabe y lo consiente", permitiendo además que "desde posiciones de poder", el 1 por ciento del personal sanitario "haga negocio propio para beneficio de la industria farmacéutica". Así, ha apuntado que "cada año las casas comerciales transfieren decenas de miles de euros a médicos del Sespa en forma de comidas, viajes, y honorarios abultados". Todo ello con el "fin claro" de que los profesionales prescriban "lo que le interesa a la industria" y no lo que beneficia al servicio público.
