El consejero de Industria y Empleo del Principado, Isaac Pola, ha enjuiciado esta mañana como "manifiestamente insuficientes" las medidas del borrador con el que el Gobierno de Pedro Sánchez prevé abaratar el precio de la energía para la industria gran consumidora de electricidad. Las previsiones del estatuto recién aprobado para las factorías "electrointensivas" son "positivas" a los ojos del Consejero, pero están lejos de colmar las expectativas del Ejecutivo autonómico respecto a la necesidad de que el sector industrial asturiano disponga de "un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible". Pola anunció que su departamento estudia en detalle los pormenores del documento de cara a presentar sus alegaciones antes de que expire, el miércoles, el plazo habilitado por el Ministerio.

El calificativo de insuficiente concuerda con el de la valoración que han hecho estos días los sindicatos. Pola eludió secundar, mientras tanto, las críticas a la cúpula de Alcoa del secretario general de los socialistas asturianos y candidato del PSOE a la presidencia del Principado. Donde Adrián Barbón calificó de "indecente" a la dirección de la aluminera por "calentar más el ambiente lanzando mensajes de miedo", Pola prefirió matizar, sin entrar directamente a enjuiciar declaraciones ajenas, que la actitud de Alcoa fue "negativa al principio" del proceso de cierre de su factoría avilesina. "Al inicio se negaba a participar en reuniones con las administraciones y los representantes de los trabajadores", ha señalado el Consejero, pero "después de esa primera etapa negativa se ha incorporado al diálogo con el Ministerio, las comunidades autónomas afectadas y los sindicatos". Desde el Principado, señala Pola, "nos limitamos a participar en ese cauce de negociación de forma ordenada. Cualquier otra cosa no aportaría nada positivo en esta materia", remató.

Reincidió una y otra vez el titular de Industria en que el borrador de estatuto, defendido por Barbón, "introduce elementos favorables respecto a lo que ahora está disponible, pero consideramos que no es suficiente para atacar una solución definitiva del problema". En concreto, resaltó, la circunstancia de que de todos los conceptos de los que consta el estatuto solamente uno, el fondo para compensar los llamados costes indirectos por las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas, disponga de partida presupuestaria explícita "no facilita el asunto". En todo caso, el enfoque de las alegaciones que prepara su Consejería las dirigirá, precisa Pola, "a la necesidad de apurar todas las posibilidades que ofrece la normativa europea para tratar de habilitar el importe máximo posible para conseguir un precio final más ajustado que permita a las empresas de nuestro entorno competir en el mercado global". Pola cifró en unos cien millones de euros la partida a repartir entre los consumidores electrointensivos. El Gobierno del Principado había reclamado un esfuerzo superior a los 220.

Precisó además el consejero, que el pasado lunes se reincorporó a su puesto tras unas semanas de baja por una lesión de rodilla, que el mecanismo compensa los costes de emisiones de CO2 "a años vencidos", por lo que la cifra estará más ajustada cuando se conozcan los resultados de este ejercicio. No quiso por eso de hacer conjeturas respecto al importe exacto, pero sí consideró "más que probable" que se planteará "una cantidad superior a la que el Gobierno prevé para dotar" las medidas del estatuto.