El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, acusó ayer al diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova de "sembrar sospechas y emporcar el buen nombre de los profesionales" al denunciar pagos de los laboratorios farmacéuticos a médicos del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Vilanova y su jefa de filas, Lorena Gil, afirmaron anteayer en una rueda de prensa que "la sanidad asturiana está 'untada' por la industria con decenas de miles de euros cada año". Y precisaron: "El 1 por ciento del personal del Sespa hace negocio propio para beneficio de la industria farmacéutica y en detrimento del sistema público". Ayer, en el marco de una interpelación ante el pleno de la Junta, Vilanova replicó a Del Busto que "nosotros criticamos a los jetas y a los que los encubren, y ustedes encubren a los jetas, a los capos de la sanidad".

De otro lado, el diputado de Podemos acusó al consejero de Sanidad de "optar por aplastar a los débiles antes que molestar a los poderosos". Esta aseveración aludía a los enfermeros del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que han sido apartados de las operaciones de corazón, medida que, según los interesados, constituye "una represalia" por haber sostenido ante la juez una versión distinta a la del jefe del servicio de Cirugía Cardiaca en el "caso de las compresas", que desembocó en la muerte de un paciente de 44 años en el quirófano el 2 de enero de 2018.

Los siete enfermeros sancionados -dos excluidos de cirugías de corazón y cinco expedientadas- asistieron ayer, por segundo jueves consecutivo, al pleno de la Junta para seguir una interpelación de Podemos a Del Busto referida a la tensa situación que se vive en el área de Cirugía Cardiaca del hospital ovetense. Vilanova reclamó al Consejero que "intervenga e imponga su autoridad en este caso de acoso laboral, absolutamente intolerable". Los enfermeros respondieron con aplausos desde la tribuna de invitados.

El caso está siendo investigado por una jueza, tras la denuncia penal presentada por la familia del fallecido. La magistrada tiene que dirimir si los enfermeros apartados tienen razón, y si en efecto había dos compresas en la cavidad torácica del paciente cuando lo abrieron para una segunda operación, y si esas supuestas gasas habían sido olvidadas por otro equipo que había intervenido al mismo paciente el 11 de diciembre anterior (de 2017). La magistrada también ha de determinar si estas gasas fueron la causa directa de la muerte del enfermo tras infectarse y formar un coágulo.

"Estamos siendo sometidos a una persecución continua por parte del jefe del servicio, y varias de nosotras hemos requerido tratamiento psicológico y psiquiátrico", explicaron ayer las enfermeras en los exteriores del Parlamento regional, donde recibieron el apoyo del sindicato Usipa.