La hija de un prejubilado de la empresa SEM, propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, ha denunciado a la compañía y a su máximo responsable por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro por homicidio imprudente. Fuentes próximas a la sociedad negaron que exista relación con el accidente.

El Juzgado de instrucción de Villaviciosa ha admitido a trámite la demanda, y el proceso está en una fase muy inicial, con la toma de declaraciones a testigos.

Según consta en la demanda, la víctima había pasado en diciembre de 2017 a una jubilación parcial que se mantendría hasta diciembre de 2021. Toda su vida profesional la desarrolló en la empresa desde su fundación, estableciendo una relación personal "bastante cercana con los miembros propietarios y especialmente con el padre del actual propietario".

Tras pasar a la situación de jubilación parcial, continúa la demanda, el propietario de la compañía y el trabajador habrían llegado a un acuerdo para que las horas que debía cumplir en el taller las realizase en la finca familiar, ejecutando tareas de mantenimiento y albañilería. De esta manera, "ya no tendría que regresar al centro de trabajo de la sociedad hasta su jubilación". Además, dichas labores las desarrollaría principalmente los fines de semana y días festivos, de tal manera que lo pudiera compatibilizar con la atención y cuidado de un nieto.

La familia aporta un cuaderno en el que su padre apuntaba, de puño y letra, los días de trabajo y el número de horas empleadas en cada jornada laboral y el material empleado, "que era abonado directamente por la propia sociedad mercantil".

El accidente

El accidente mortal se produjo el 8 de septiembre de 2018, Día de Asturias. El trabajador se encontraba realizando trabajos de mantenimiento y limpieza en el hórreo de la finca, ubicada en el concejo de Villaviciosa, cuando las tablas del suelo del corredor cedieron y se precipitó al vacío, golpeándose en la cabeza contra un muro de piedra. El fallecimiento debió ser instantáneo, pero tampoco habría podido recibir auxilio al encontrarse solo en las instalaciones.

La demanda reseña que el trabajador no había recibido formación para realizar este tipo de trabajos, ni "la empresa dispuso de un sistema de protección especial específico teniendo en cuenta el sitio de trabajo", ni tampoco había nadie que supervisara o fiscalizara cómo debían realizarse las tareas.

La familia del fallecido sostiene que fue un accidente laboral mortal, mientras que la empresa mantiene, según la demanda, que fue un accidente doméstico.

Fuentes próximas a la compañía indicaron que no existe vinculación alguna entre la sociedad y la finca, que es propiedad de la madre del dueño de SEM. También añadieron que en ningún caso la empresa habría admitido que un trabajador realizase labores fuera del ámbito de su competencia, y que en este caso si la víctima se encontraba en la finca era por la relación personal con su propietaria.