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La Policía pide a Sanidad atención jurídica para los profesionales que son agredidos

La brigada de interlocutores policiales sanitarios insta al personal de centros de salud y hospitales a denunciar cualquier violencia contra ellos

Juan Luis Enrile y Carlos González Tirador, ayer, en la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Juan Luis Enrile y Carlos González Tirador, ayer, en la Jefatura Superior de Policía de Asturias. LAURA CARADUJE

Los interlocutores policiales sanitarios, que hacen de enlace entre el personal sanitario y la Policía Nacional, han pedido al Servicio de Salud del Principado (Sespa) que sus servicios jurídicos atiendan y acompañen a los profesionales víctimas de agresiones. Es más, incluso recomiendan que se persone como acusación particular en los juicios por estas causas. El 75 por ciento de ellos acaban con condenas para el agresor.

Un paciente se enamoró de una enfermera hasta el punto de que la obsesión se convirtió en coacciones. Fue ahí cuando entró en acción el interlocutor policial sanitario, una nueva figura del Cuerpo Nacional de Policía que se puso en marcha hace un año y que tiene dos objetivos fundamentales: informar y prevenir los ataques al personal sanitario, que recibirá formación para hacer frente a estas situaciones, y conseguir que todas las agresiones, tanto las físicas como las verbales, se denuncien.

El Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró el año pasado en España 490 agresiones a médicos, de las que el 59 por ciento fueron a médicas. En 2017 ya se registraron 515 agresiones, 20 más que en 2016.

En el caso de Asturias, el Colegio de Médicos registró el año pasado un total de 14 denuncias por agresiones, de las que dos fueron físicas y el resto verbales, con insultos, menosprecios e incluso amenazas de muerte. La mayoría de los agresores son hombres y las víctimas, médicas. Los centros de salud concentran el mayor número de sucesos violentos, seguidos de los servicios de urgencias hospitalarias.

Juan Luis Enrile y Carlos González Tirador son jefes de las unidades territoriales de seguridad privada y los interlocutores policiales sanitarios en el Principado. Enrile, de siete áreas sanitarias, y González de la de Gijón.

Su trabajo en este primer año ha sido contactar con los centros sanitarios para conocer la problemática específica de cada uno de ellos, inspeccionar las medidas de seguridad humanas y técnicas y elaborar un catálogo de riesgo.

"Es fundamental prevenir el riesgo para el personal sanitario, tanto en los centros públicos como en los privados, y dar formación con pautas sobre todo psicológicas de cómo actuar ante situaciones así", explicó Enrile, quien destacó que Asturias está muy por debajo de la media nacional en ataques al personal sanitario. Pero sí resaltó que existe una "cifra negra" que hay que erradicar: las situaciones violentas que no se denuncian.

Los tiempos de espera y los desacuerdos con las altas y bajas laborales encabezan las razones de esas agresiones, que suelen ser amenazas, coacciones e insultos, aunque a veces, las menos, llegan a ser físicas.

Carlos García Tirador remarcó la necesidad de que los sanitarios denuncien. "El agresor sólo ve la bata blanca. No distingue si es un celador, un auxiliar, un médico? Ve sólo a un sanitario. Pero hay que denunciar, tanto las agresiones físicas como verbales, porque tienen una repercusión penal y el agresor debe saber que su actuación tiene consecuencias", remarcó. Y es que en el caso de los sanitarios de la sanidad pública, más allá de un delito de lesiones hay también uno de atentado contra la autoridad.

Las principales recomendaciones de ambos expertos es que los sanitarios sepan y puedan localizar rápidamente al personal de seguridad privada del centro hospitalario o de atención primaria; que nunca estén solos y que tengan una vía de escape.

La brigada de las batas blancas es su muro de protección.

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