La discusión entre los opositores a la oficialidad del asturiano y los asturianistas ha llegado a los juzgados, después de que la Academia de la Llingua (ALLA) denunciase a un portavoz de la citada plataforma -Roberto Hernández Granda- por unas declaraciones en las que equiparaba a la institución "con los jerarcas de la dictadura comunista" de Cuba, la calificaba de "entidad nacionalista", y de ser una "organización política autodenominada Academia de la Llingua". Asimismo, en las declaraciones vertidas y denunciadas por la Academia se afirma que "dicha organización es el embrión de un proyecto totalitario que pretende la catalanización de la vida política asturiana".

Ambas partes estaban llamadas a un acto de conciliación hoy en los juzgados, que no se ha producido al rechazarlo de pleno el representante legal del portavoz denunciado. El abogado es Ignacio Blanco, quien probablemente representará a Vox en las elecciones autonómicas, a falta de que la dirección nacional del partido lo confirme como cabeza de lista. La Plataforma contra la Cooficialidad se niega a rectificar las palabras de su portavoz de forma pública, apela a la libertad de expresión, a que calificó en todo modo momento a una persona jurídica y no física y aporta argumentos a favor de las insinuaciones vertidas en su momento.

Es más, Blanco ha dejado claro que la Plataforma contra la Cooficialidad se reafirma en sus declaraciones y denunció en la vista judicial "la extralimitación de funciones de la Academia, pues entre sus fines estatutarios no está la oficialidad del bable/asturiano, lo que podría suponer incluso la disolución de la ALLA o quizás un delito de malversación de fondos públicos".

La Plataforma contra la Cooficialidad denuncia "los intentos de la Academia de amordazar a la sociedad asturiana, pues ésta no es la primera vez que acosan judicialmente a los disidentes".

La plataforma defendida por quien será casi con total seguridad candidato de Vox a presidir el Principado insiste en que la Academia es "una entidad al servicio del nacionalismo asturiano". Y añade: "Nos consta que no es la primera vez que la Academia usa el acoso judicial con fondos públicos para silenciar a la disidencia, pero en esta ocasión han mordido en hueso".

En su argumentario para no avenirse a la coalición, la Plataforma contra la Cooficialidad mostró lo que, bajo su punto de vista, son "vínculos estrechos entre la Academia y los movimientos de la extrema izquierda nacionalista asturiana".

Los antibablistas van más allá: "La Plataforma contra la Cooficialidad ha denunciado en sede judicial la extralimitación de la Academia en sus funciones, que ha hecho de la imposición de la cooficialidad su proyecto estrella. Proyecto que no está contemplado entre sus fines estatutarios, por lo que podría estar infringiendo el marco legislativo bajo cuyo amparo desarrolla su actividad, lo que podría llegar a suponer la disolución de la ALLA o incluso llegar a considerarse una malversación de fondos públicos".