La discusión entre los opositores a la oficialidad del asturiano y los asturianistas ha llegado a los juzgados, después de que la Academia de la Llingua (ALLA) denunciase a un portavoz de la citada plataforma -Roberto Hernández Granda- por unas declaraciones en las que equiparaba a la institución "con los jerarcas de la dictadura comunista" de Cuba, la calificaba de "entidad nacionalista" y afirmaba que "dicha organización es el embrión de un proyecto totalitario que pretende la catalanización de la vida política asturiana".
Ambas partes estaban llamadas ayer a un acto de conciliación en los juzgados, que no se produjo al rechazarlo de pleno el representante legal del portavoz denunciado, que es Ignacio Blanco, quien probablemente representará a Vox en las elecciones autonómicas, a falta de que la dirección nacional del partido lo confirme como cabeza de lista. La Plataforma contra la Cooficialidad se niega a rectificar las palabras de su portavoz, apela a la libertad de expresión y a que calificó en todo momento a una persona jurídica y no física, y aporta argumentos a favor de las insinuaciones vertidas.
Es más, Blanco dejó claro que la Plataforma contra la Cooficialidad se reafirma en sus declaraciones y denunció en la vista judicial "la extralimitación de funciones de la Academia, pues entre sus fines estatutarios no está la oficialidad del bable/asturiano, lo que podría suponer incluso su disolución o quizás un delito de malversación de fondos públicos", de los que se nutre la entidad.
La Plataforma contra la Cooficialidad lamentó "los intentos de la Academia de amordazar a la sociedad asturiana, pues ésta no es la primera vez que acosan judicialmente a los disidentes". La denuncia de la entidad terminará así en juicio.
