La Sindicatura de Cuentas divulgó ayer un informe desfavorable sobre la sociedad de vivienda pública autonómica, Vipasa. La reacción del Principado fue inmediata y la consejería de la que depende la empresa pública, Servicios y Derechos, salió en su defensa y mantuvo que gestiona "sin beneficio" un servicio público.
La auditoría de Vipasa correspondiente a 2016 advierte de varios "incumplimientos", entre ellos que algunas operaciones financieras y la información relativo a esa anualidad "no resultan conformes con la normativa aplicable". El Principado había alegado que Vipasa debe quedar fuera de la Ley de Contratos del Sector Público y que es una empresa instrumental. Por otra parte, hoy termina el plazo para que Podemos decida si cambia su candidatura al Consejo de la Sindicatura, que según el letrado mayor no cumple los requisitos. Podemos está dispuesto a recurrir al Constitucional.
