El "caso Pokémon", que ha puesto en aprietos a un buen puñado de políticos asturianos y gallegos, está en el alero después de la decisión de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sancionar a la magistrada Pilar de Lara con siete meses de suspensión, lo que implica la pérdida de su plaza en Lugo. El nuevo juez tendrá que enfrentarse a asuntos de una magnitud propia de la Audiencia Nacional, lo que amenaza con eternizar los casos. No obstante, por lo que respecta a la pieza separada que afecta a políticos como Joaquín Aréstegui, Agustín Iglesias Caunedo o Manuel Pecharromán, entre otros, incluidos algunos alcaldes y exalcaldes asturianos, la magistrada ha dado en los últimos días un paso para inhibirse y derivarla a un Juzgado de Avilés. Las defensas están de acuerdo, porque piensan que el asunto puede terminar -como otras piezas que siguieron el mismo camino- sobreseído por prescripción de los presuntos delitos.
La sanción a la magistrada, que está muy vinculada a Gijón, de donde es su marido, aún no es firme. De Lara tiene un mes de plazo para recurrir ante la comisión disciplinaria, y aún le quedaría una segunda instancia, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según aseguró su letrado, Agustín Azparren, quien fuera magistrado durante muchos años de la Audiencia Provincial asturiana, así como vocal del CGPJ.
El motivo de la sanción no es otro que la "evolución negativa" de los asuntos que De Lara instruía entre los años 2015 y 2017, "un dato que no es real", indica Azparren, quien ya presentó un certificado de la secretaria judicial que desmentía la supuesta paralización del Juzgado de esta jueza, el número 1 de Lugo.
La magistrada intentó presentar diferentes testigos en el proceso, aunque no se le permitió. No obstante, si recurre ante el Supremo, podría presentarlos, ya que la Sala Tercera suele admitirlos. Si la comisión disciplinaria deniega su recurso, la magistrada puede solicitar una suspensión de la ejecución de su inhabilitación hasta que resuelva el Supremo. La sanción tendrá consecuencias en la vida familiar de la magistrada, ya que supone la pérdida de su plaza y su traslado forzoso, según recalcó Azparren.
Refuerzos denegados
La gran pregunta es qué ocurrirá con los asuntos que lleva De Lara, las diferentes piezas de "Pokémon". "Un nuevo magistrado se encargará de los asuntos, y algunos de ellos tienen hasta 30.000 folios, por lo que es previsible que la instrucción se demore mucho más", indicó Azparren. La magistrada adujo durante su expediente que los motivos de los retrasos no podían imputársele a ella, sino a la administración de Justicia, puesto que había solicitado en diferentes ocasiones un refuerzo ante lo ingente de las actuaciones que estaba instruyendo, sin que se le facilitase.
El desempeño de Pilar de Lara ha sido puesto en cuestión desde diferentes instancias. La Fiscalía, la Audiencia de Lugo, incluso la Audiencia Nacional han criticado el alargamiento de las causas de esta magistrada. Casos como el "Carioca", que llegó a tener un centenar de imputados y cerca de 400 testigos, ha quedado a reducido a cinco acusados después de diez años de instrucción. Los ocho casos abiertos por la jueza suman más de doscientos investigados, entre ellos el exalcalde de Lugo, José López Orozco (PSOE), que han lamentado el alargamiento de las diferentes piezas en las que estaba involucrado, de algunas de las cuales fue exonerado por la Audiencia lucense.
En el caso de lo políticos asturianos, también ha habido quejas amargas por lo inacabable de las instrucciones de la magistrada, que intentó derivar alguno de los casos, como el que afecta a Aréstegui, Pecharromán o Caunedo, a la Audiencia Nacional, recibiendo un sonoro rechazo. La jueza preguntó recientemente a las partes su posición respecto a la inhibición en favor de un juzgado avilesino. Los letrados de Aréstegui -Sergio Herrero- y Pecharromán se han mostrado favorables a ese traslado, anticipado un posible sobreseimiento por prescripción.
