La suspensión de la magistrada Pilar de Lara, instructora del "caso Pokémon", que afecta a un buen número de políticos asturianos, ha provocado un terremoto en Lugo. La Plataforma contra a Impunidade na operación Carioca ha convocado para mañana míercoles dia 3, a las ocho, una concentración de apoyo a la jueza ante los Juzgados lucenses. A la protesta se han unido colectivos feministas e incluso animalistas, ya que esta magistrada fue la primera en dictar una orden de alejamiento respecto a una mascota maltratada por su dueño. Con esta concentración quieren reivindicar el papel de una jueza que se ha distinguido no solo por su su lucha contra la corrupción, sino en favor de la igualdad y de los derechos de los animales.

LA NUEVA ESPAÑA adelantó el pasado jueves la sanción de siete meses de suspensión impuesta por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.la sanción de siete meses de suspensión impuesta por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Esta sanción, que aún no es firme, conlleva la pérdida de su plaza como magistrada en Lugo, al ser superior a seis meses. La jueza, cuyos intereses defiende el abogado Agustín Azparren, antes magistrado en la Audiencia Provincial de Asturias, aún no ha recurrido la resolución. Lo hará una vez se la comuniquen, para lo que tiene un mes de plazo. La decisión sobre su recurso será tomada por el pleno del Consejo del Poder Judicial, parte del cual pertenece a la comisión disciplinaria. A Pilar de Lara le achacan retrasos injustificados en la instrucción de sus casos. La jueza arguyó que, en realidad, los retrasos se debían a la falta de medios, solicitados de forma reiterada.

La sanción a Pilar de Lara obligaría a designar un nuevo magistrado para el Juzgado número 1 de Lugo, lo que podría retrasar aún más las investigaciones abiertas. Recientemente, la jueza ha solicitado a los letrados de la parte asturiana del "caso Pokémon" su posición respecto a la inhibición de la magistrada en un Juzgado de Avilés. Las defensas se están mostrando mayoritariamente a favor de que el caso pase a Asturias, y uno de los investigados, el exgerente de Aquagest, Henry Laíño, ha pedido que se reparta entre ocho partidos judiciales.ha pedido que se reparta entre ocho partidos judiciales.