La magistrada que investiga el "caso Hulla", Begoña Fernández, ha desestimado la petición de la candidata del PP a la Presidencia del Principado, María Teresa Mallada, para sobreseer su imputación en un delito de prevaricación administrativa por participar como concejal de Aller en la decisión de ceder los terrenos para el geriátrico del Montepío de la Minería, en Felechosa.

Al contrario de lo defendido por Mallada, la juez considera que no existe prescripción del presunto delito, al haber quedado suspendida por la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Lena imputando a la candidata del PP y al resto de la Corporación allerana y citarles a declarar en sede judicial.

Mallada era concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aller cuando en el año 2008 se aprobó por unanimidad la cesión para construir el geriátrico, que supuso una inversión de 31 millones de euros que se pagaron con fondos mineros, para lo que se modificó incluso el decreto que los regulaba.

El presunto delito de prevaricación ya figuraba en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó el 31 de mayo de 2017, en el marco de la investigación para aclarar el origen de la fortuna del ex líder del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y de quien fuera su mano derecha y presidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo. Posteriormente, en septiembre, Xente por Aller presentó una denuncia contra la Corporación municipal que había aprobado la cesión de los terrenos.

Mallada presentó un escrito el pasado 19 de marzo donde solicitaba al juzgado el sobreseimiento de la imputación, a la que se opusieron la Fiscalía Anticorrupción y el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN). Su abogado, Alberto Suárez, ya había avanzado que "en ningún caso hay prescripción, alegue Mallada lo que alegue".

La juez explica en el auto que Mallada está investigada desde el pasado 24 de mayo en su condición de concejal de Aller y por haber aprobado con el resto de la corporación la cesión gratuita al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana de los terrenos adquiridos al Ayuntamiento de Mieres para el geriátrico, pese a los informes desfavorables de la Secretaría General y la Intervención municipales.

La comparecencia de Mallada el 10 de julio de 2018 por Mallada ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Lena fue a meros efectos de ser informada de los hechos imputados en la denuncia, de sus derechos y para que designara letrado y procurador en la causa.

Así, según la juez, en modo alguno prestó declaración en su condición de investigada y no figura asistencia letrada en tal acto.

En el auto anuncia que la declaración de los investigados Gabriel Pérez Villalta y David Moreno Bobela, en sus condiciones respectivas de alcalde y concejal de Urbanismo en el momento de suceder los hechos, se señalará una vez que se reciba informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el estudio del material incautado e intervenido en la causa.

El auto no es firme y contra el mismo cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación.