La magistrada instructora del "caso Hulla", Begoña Fernández, ha emitido un auto por el que desestima la petición de la candidata del PP a la Presidencia del Principado, María Teresa Mallada, para que sea sobreseida su condición de investigada en un presunto delito de prevaricación administrativa. La expresidenta de Hunosa figura como investigada junto al resto de la corporación allerana (PSOE, PP e IU) por aprobar por unanimidad la compra al Ayuntamiento de Mieres de los terrenos que luego se cedió al Montepío de la Minería para construir el geriátrico de lujo de Felechosa. La operación contaba con el informe desfavorable de la Secretaría General y la Intervención del Ayuntamiento de Aller.
Al contrario de lo pretendido por Teresa Mallada, la juez considera que no existe prescripción del presunto delito, al haber quedado suspendida por la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Lena que investiga a la Corporación allerana y citarles en sede judicial.
Álvaro Queipo, portavoz de campaña de la candidata autonómica del PP y número uno por el Occidente, sostuvo que "queda claro que Teresa Mallada ha dicho en todo momento la verdad. La juez no entra a valorar el fondo de la cuestión. Y antes de tomar decisión alguna debe escuchar a las partes, toda vez que la propia juez reconoce que Teresa Mallada 'en modo alguno prestó declaración en su condición de investigada y no figura asistencia letrada en tal acto'.
La magistrada explica en su último auto que la comparecencia de Mallada el 10 de julio de 2018 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Lena fue a meros efectos de ser informada de los hechos imputados en la denuncia, de sus derechos y para que designara letrado y procurador en la causa.
El presunto delito de prevaricación ya figuraba en la denuncia que Anticorrupción presentó el 31 de mayo de 2017, en el marco de la investigación para aclarar el origen de la fortuna del ex líder del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y de quien fuera su mano derecha José Antonio Postigo.
