Asturias se ha quedado fuera del chequeo que está realizando el fiscal coordinador de medio ambiente a los municipios que deberían tener en vigor planes de incendios forestales. El fiscal Antonio Vercher ha remitido oficios a 151 municipios de Galicia, Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, informando a los alcaldes de la obligación de desarrollar los citados planes, y de las consecuencias penales en caso de que se produzca un incendio. Y es que los fuegos forestales pueden llegar a ser considerados como un delito contra la seguridad colectiva. Sólo uno de cada cuatro municipios tienen esos planes a punto. El fiscal no ha remitido ningún oficio a Asturias, donde hay 55 municipios -casi toda la superficie asturiana, salvo el área central- con un alto riesgo de incendio, todos ellos sin planes de prevención, según señalan los ingenieros forestales, que advierten de la creciente virulencia de los fuegos debido al abandono de los usos tradicionales y a la "matorralización" de áreas que antes eran praderías.
Lejos de ir a menos, los fuegos son cada vez más destructivos en Asturias. En lo que va de año se han producido en la región casi 450 incendios forestales, que han quemado más de 5.000 hectáreas, según datos que maneja la Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural (Agumnpa).
En el año 2006, la Dirección General de Política Forestal encargó a la Universidad de Oviedo un estudio para la localización de las áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hacían necesarias medidas especiales de protección de estas áreas.
La declaración de las zonas de Protección preferente se realizó a nivel de concejo, declarándose un total de 55 de los 78 concejos asturianos. Los Planes de Defensa Contraincendios Forestales, que planificarían la defensa integral contra los fuegos en los concejos calificados como de alto riesgo, quedaba pendiente de redacción. Trece años después, "no se ha aprobado ningún plan, a pesar de algunos intentos", asegura David Barraso, decano territorial del Colegio de Ingenieros Forestales.
Minimizar riesgos
Los planes deberían incluir desde infraestructuras hasta mejoras de accesos, cortafuegos, zonas de depósito de agua para ser utilizadas en caso de que sea necesaria para apagar un incendio... Todas las medidas posibles "para minimizar los riesgos", indica Barraso. "En extinción se está invirtiendo, pero sólo se actúa una vez que se ha producido el problema", añade el ingeniero. La exigencia de inversión que requerirían estos planes no tendría por qué ser superior a lo que ya se está invirtiendo, cree Barraso. "No estamos atajando la causa de los grandes incendios", sentencia.
En los pueblos, los ganaderos se quejan de que ya no hay quemas controladas ni desbroces, con lo que el combustible se acumula, lo que incrementa el riesgo de grandes incendios, al haber desaparecido las discontinuidades que suponían las explotaciones agrícolas y las praderías.
Barraso admite que este tipo de quemas controladas se realizan ahora en un número mínimo, aunque "la normativa se está adaptando para que haya una mayor capacidad de actuación en brañas y camperas". La legislación limita las quemas a cinco hectáreas por cada mil, lo que se considera insuficiente e inefectivo para eliminar el combustible que se acumula, según se quejan los ganaderos.
David Barraso no se atrevió a nombrar qué municipios son los que corren más riesgo. "Hay muchos con riesgo grande, especialmente zonas de arbolado de coníferas. Entre el abandono del campo y el cambio climático, el riesgo de grandes incendios se incrementa en Asturias", concluye este experto.
