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El Estado entrega al País Vasco su última competencia en carreteras

El Principado descarta asumir la AP-66 y seguir los pasos del Gobierno de Vitoria, que se ha hecho con la gestión de la AP-68

El Gobierno vasco siempre quiere más, el del Principado prefiere quedarse como está. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu asumirá la autopista de peaje AP-68, tras cerrar ayer un acuerdo con el Gobierno central. Conseguirá con ello descontar 2 millones de euros al cupo que cada año paga al Estado como compensación por la recaudación de impuestos en la comunidad autónoma.

Las políticas de los gobiernos vasco y asturiano son radicalmente distintas: El de Vitoria quiere asumir las máximas competencias posibles, mientras que el de Oviedo prefiere que el Estado siga gestionando carreteras y ferrocarriles, aún en el caso de que todo su recorrido se sitúe en Asturias, lo que, por ley, permitiría su traspaso al Principado.

El porqué de esa diferente manera de afrontar la política de infraestructuras -y otras- radica, según reconocía ayer el consejero del ramo, Fernando Lastra, en la carga que supondría asumir su conservación y mantenimiento. Asumir una carretera o una línea de ferrocarril por parte del Principado obligaría a recurrir a "cálculos complejos" y asumir ahora mismo cualquier competencia en esta materia resultaría "muy complicado. No se lo recomiendo a nadie", dijo Lastra.

Tampoco es partidario el Consejero de que el Principado asuma las dos líneas de ferrocarril que discurren íntegramente por Asturias: Gijón-Laviana y Baiña-Collanzo. Porque, en su estado actual, deficiente, supondrían una rémora para las arcas del Principado y "no creo que nadie estuviera dispuesto a ello". El Gobierno vasco, según Lastra, tiene más capacidad de negociación, gracias al Concierto Económico, que forma parte del régimen foral del que disfruta, que le permite tener una Hacienda propia y encargarse en exclusiva de la recaudación de impuestos.

El acuerdo para que el País Vasco asuma la AP-68 ha llegado después intensas negociaciones sobre la valoración económica de la vía. El Gobierno de Íñigo Urkullu podrá descontar 2 millones de euros del Cupo, correspondientes al 6,24 por ciento de los 31 millones que el Estado destina anualmente a las carreteras de peaje. El Estado entrega así su última competencia en las carreteras vascas.

El pacto, que será efectivo el próximo martes, supone el traspaso al Ejecutivo de Vitoria de la titularidad, funciones y servicios de 77,5 kilómetros de la autopista, desde su inicio, en Bilbao, hasta que la vía entra en la provincia de Burgos. Abertis tiene la concesión del peaje hasta 2026.

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