La ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo, se ha comprometido a suprimir en la próxima legislatura el copago farmacéutico en las rentas más bajas, lo que beneficiaría a cerca de un millón y medio de ciudadanos y ayudaría a consolidar el objetivo de garantizar el principio de universalidad de la asistencia sanitaria en España. Un fin que, en su opinión, debería aparecer recogido en la Constitución como un derecho fundamental, igual que ocurre con la Educación.

Carcedo realizó estas declaraciones tras presentar al Consejo de Ministros el Marco Estratégico de Atención Primaria (AP) de Salud, acordado la semana pasada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La Ministra señaló entre los desafíos más importantes de su cartera el fortalecimiento de la atención primaria para revertir los efectos de los recortes sufridos en los últimos años. En este sentido, Carcedo remarcó que la planificación en esta materia es competencia de las comunidades autónomas.

Entre las medidas que se pondrán en marcha este mismo año, figura garantizar que las consultas en atención primaria se atiendan antes de 48 horas; el aumento del número de plazas acreditadas para formación de profesionales y la oferta del cien por cien de las plazas acreditadas en las convocatorias anuales de acceso a plazas de formación sanitaria especializada.

María Luisa Carcedo también presentó al Consejo de Ministros el Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023, para afrontar el "reto social y sanitario" de esta enfermedad, a través de cuatro líneas principales de actuación: fomentar la investigación, políticas de prevención, mejorar los servicios asistenciales y sensibilizar a la opinión pública.