La obra del geriátrico de Felechosa, financiada con 31 millones de euros de fondos públicos, fue, según sospecha la Fiscalía del "caso Hulla", el origen de la fortuna oculta del exsindicalista José Ángel Fernández Villa, histórico líder del sindicato minero SOMA-UGT. Pero hay más. La nueva presidencia del Montepío de la Minería, titular del edificio, ha constatado una serie de defectos constructivos que afectan a la seguridad y salubridad del inmueble y que ascienden, según un perito judicial, a 1,35 millones de euros.
El Montepío de la Minería demandó a los responsables de la obra -el arquitecto, el aparejador y a la constructora Alcedo de los Caballeros- para que se hicieran cargo de las carencias detectadas en el edificio, defectos que no comprometen ni la resistencia mecánica ni la estabilidad del inmueble. La mutualidad minera acaba de llegar a un acuerdo judicial con el arquitecto y el aparejador de la obra. Los dos profesionales, a medias con sus respectivos seguros, han aceptado asumir la mitad de la cantidad demandada. Pagarán, en total, 700.000 euros. No así la constructora Alcedo de los Caballeros, que no reconoce su responsabilidad en estos defectos. El propietario de esta empresa está siendo investigado en el proceso judicial abierto para determinar de dónde salieron los millones que tanto Villa como su lugarteniente en el SOMA, José Antonio Postigo, expresidente del Montepío, regularizaron en la amnistía fiscal que el ministro Montoro ofreció en 2012. Aquella oferta de regularización a la que se acogieron Villa y Postigo coincidió con las últimas movilizaciones de la minería asturiana, que encabezó el entonces líder del SOMA.
Una vez que el arquitecto y el aparejador del geriátrico han asumido su parte en los defectos constructivos del geriátrico, el Montepío continuará su acción judicial contra la constructora. La empresa ha alegado en contra de las pretensiones del Montepío y acusó a la mutualidad de "montar su farándula" para "repercutir el coste de sus caprichos" en un tercero.
El juicio pendiente por los defectos constructivos de la residencia de mayores de Felechosa es uno de los flecos de un escándalo que sacudió los cimientos del socialismo asturiano. El "caso Hulla" investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Villa y Postigo. Todas la pesquisas tienen puesto el foco, especialmente, en el modo en que se construyó el gran geriátrico allerano, levantado durante el tiempo en que Postigo fue presidente de la mutualidad minera. Un convenio entre el SOMA y el Gobierno central permitió a Postigo gestionar desde el Montepío 31 millones de dinero público (fondos mineros).
No existe un cálculo oficial definitivo del dinero que se habría desviado. El coste de la construcción del edificio oscilaría entre los 18 y los 23 millones de euros, lo que habría reportado a la constructora unos beneficios que oscilarían entre el 34% y el 40%. Lo habitual en obra pública es que el beneficio se sitúe entre el 13% y el 17%. Es decir, hay una cantidad que oscilaría entre 4,5 y 9,7 millones de euros que sobrepasaría los porcentajes habituales de beneficio en este tipo de construcciones.
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que la facturación falsa con los proveedores de la obra pudo ser el método para "la distracción" de los fondos públicos. El ministerio público considera que "está acreditada la retirada de dinero en efectivo que permanece oculto". El Montepío de la Minería, bajo la actual presidencia de Juan José Pulgar, ha solicitado a la jueza que amplíe las investigaciones o otras obras hechas por la misma constructora en tiempos de Postigo en el balneario de Ledesma y que se investiguen también operaciones anteriores, con otros presidentes, en Murcia y Almería. La mutualidad calcula que, en total, el daño patrimonial sufrido podría alcanzar los 16 millones de euros.
El "caso Hulla" sigue en fase de instrucción, tras la ampliación de plazos solicitada por la Fiscalía Anticorrupción a finales del año pasado. La previsión es que en los próximos meses continúe la toma de nuevas declaraciones. Ya han desfilado ante la jueza Begoña Fernández, titular del Juzgado número 3 de Oviedo, los principales encausados: Villa, Postigo y Juan Antonio Fernández, propietario de Alcedo de los Caballeros, entre otros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa analizando documentación incautada. Una de las derivas del caso, que se ha unido a la causa principal, es la investigación de la cesión del suelo para la construcción de la residencia. Eran terrenos propiedad del Ayuntamiento de Mieres que fueron permutados con el de Aller y luego cedidos al Montepío. La decisión fue respaldada por toda la Corporación allerana contra el criterio de los técnicos municipales, y la jueza investiga ahora una presunta prevaricación.
