"El Estado tiene una deuda con Asturias y debería derogar el real decreto por el que se prorrogó el peaje del Huerna" hasta 2050, señaló ayer Segundo González, diputado nacional de Podemos por Asturias. "Ya conocíamos las consecuencias de la privatización de Inespal (actual Alcoa) y ahora vemos confirmado que existe una relación directa entre la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) en el año 2003 y que tengamos que sufrir uno de los peajes más caros y duraderos de España", indicó, en referencia a la información publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA sobre que la ampliación del peaje en la AP-66, en el año 2000, sirvió para quitar un tramo de pago en Galicia, ampliar la AP-9 y sanear las cuentas de la Empresa Nacional de Autopistas, lo que a su vez posibilitó su privatización.
"La política de privatizaciones de la época de Aznar, Rato y Cascos nos salió muy cara a los asturianos", indicó González, que añadió: "Conforme más sabemos del peaje del Huerna, más escandaloso resulta. Lamentablemente, Podemos es el único partido que hasta ahora se interesó por la eliminación de este peaje tanto a nivel autonómico como estatal", subrayó, a la vez que acusó a los gobiernos de los socialistas Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero de no haber tenido "voluntad política" para revisar la concesión.
"Mañana que (Pedro Sánchez) viene a Asturies sería un buen momento para que se comprometiera a hacerlo, aunque no somos nada optimistas al respecto, desde el Falcon no se nota el peaje", indicó González, quien aprovechó para reclamar a los ciudadanos que otorguen "más fuerza" a la formación morada en las elecciones del próximo domingo y del 26 de mayo "para acabar con agravios como el del Huerna y evitar que nos sigan castigando treinta años más. El resto de fuerzas ya sabemos que no tienen la voluntad política de hacerlo", concluyó.
Este periódico desveló ayer que los usuarios de la autopista del Huerna (AP-66) están pagando desde hace 19 años buena parte de la construcción del tramo Fene-Ferrol y la supresión del peaje entre Rande y Puxeiros, cerca de Vigo, ambos en la Autopista del Atlántico (AP-9).
El Ministerio de Fomento reconoció en un documento el 21 de julio de 1999, que la ampliación de la AP-9 en el tramo Fene-Ferrol y la supresión del peaje entre Rande y Puxeiros tendría que estar condicionada a la ampliación por 29 años de la concesión de Aucalsa en el Huerna y por 25 de la de Audasa en la AP-9, así como a la renuncia por parte de la ENA a reclamaciones posteriores sobre descuentos en los peajes gallegos.
PP y Foro, por su parte, siempre defendieron que el peaje se prorrogó para que la concesionaria bajara los precios.
