"Vamos con todo". El empresario astur-venezolano Raimundo Santamarta, propietario de la farmacéutica "SM Pharma", ha iniciado el camino judicial a nivel internacional para proteger sus derechos tras la confiscación de su planta de Maracaibo por el régimen chavista, que le acusó sin pruebas de irregularidades para justificar la expropiación de una industria que cubría en un elevado porcentaje las necesidades farmacéuticas de Venezuela, donde precisamente la población sufre la escasez de medicamentos. Santamarta, radicado en Miami e hijo de un emigrante asturiano, ha iniciado el camino para un arbitraje internacional en el que reclamará un total de 850 millones de dólares al régimen chavista e interpondrá, por otra parte, una demanda penal contra los responsables de la expropiación, acusándoles de "crímenes de lesa humanidad" por "negarle el acceso a medicamentos" a la población venezolana.

Santamarta está decidido a llegar a las últimas instancias en su batalla legal contra la expropiación, encargada por el gobernador del estado de Zulia, Omar Prieto, con la connivencia del Ejército y del presidente chavista, Nicolás Maduro. El empresario farmacéutico ha iniciado el proceso contra el estado venezolano de un arbitraje por violar los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Venezuela. Su intención es llegar hasta el final ante el mismo, dado que todo hace indicar que no habrá acuerdo amistoso entre el empresario y el régimen de Maduro. La reclamación inicial del astur-venezolano asciende a 200 millones de dólares por bienes tangibles y 650 millones por intangibles, que incluyen las decenas de marcas lanzadas desde su factoría, que comenzó a sufrir el hostigamiento por parte de los chavistas en 2015, años antes de la expropiación.

Santamarta ya recurrió la confiscación de su planta farmacéutica a la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, que admitió a trámite el recurso. Pero a esta vía no se le da ninguna posibilidad, al estar vinculados a la expropiación "altos dirigentes" del país venezolano. El empresario asturiano recalca que el decreto de expropiación fue ilegal, al no tener competencias para ello el gobernador de Zulia, así como que se justificó con "un expediente lleno de mentiras". Las sospechas de los gestores de SM Pharma versan en que "se está utilizando la planta farmacéutica para triangulaciones opacas en las que se puede estar blanqueando dinero" procedente de la corrupción o, incluso, el narcotráfico.

Tras la expropiación, la planta llegó a estar parada y ha sufrido problemas al no seguir los protocolos sanitarios necesarios para producir fármacos. Por ello, Santamarta acusa a los expropiadores de negar el acceso de la población a medicamentos en un proceso penal que iniciarán en el Tribunal de La Haya.