Es más fácil jugar a las siete diferencias, pero apartando la hojarasca de propuestas electorales divergentes el debate de debut de la campaña electoral autonómica, ayer en Oviedo, hasta puede llegar a encontrar diagnósticos y recetas convergentes y transversales. Organizaba el Colegio de Economistas de Asturias, que quiso aventurarse a explorar el futuro de la política económica con ayuda de un representante por cada uno de los siete partidos con aspiraciones. Sale de la contienda una confrontación inquebrantable y anticipable sobre la presión que ejercen los impuestos -si las rebajas que ofrece la derecha o la "progresividad" que garantizan a la izquierda-, pero también cierta adhesión cruzada entre bloques a la necesidad de basar el tránsito hacia un nuevo modelo productivo en un alza de la inversión en conocimiento y tecnología, además de un cuestionamiento del sistema de transición energética vigente al que sólo pone sordina el PSOE.
Sostuvieron el debate a siete los candidatos de las listas autonómicas y los responsables de economía de las siete fuerzas que ayer tomaron la salida hacia las urnas del 26. Estaban el número cinco de la lista socialista y alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández; el tres del PP, Pablo González; el exdiputado en el Congreso por Podemos Segundo González, el coordinador del grupo parlamentario de IU, Jorge Pardo; el quinto de la lista de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé; el secretario general de Foro, Adrián Pumares, y el cabeza de cartel de Vox, Ignacio Blanco.
En una confrontación cordial no exenta de abundante alusión, puya y reproche mutuo, la derecha lanzó el debate a través de la esperada propuesta de supresión de los impuestos de sucesiones y patrimonio. Secundaron con sus matices la oferta de disminución de la presión el PP, Foro, Ciudadanos y Vox y la alineación de bloques resultó en este asunto casi perfecta cuando Enrique Fernández reaccionó contra las "rebajas comerciales" del tiempo electoral y ganó a su izquierda adhesiones para su alternativa de un sistema impositivo "progresivo", enemigo de la competencia fiscal entre autonomías y amigo del "hay que hacer que paguen más los que más tienen" de Segundo González (Podemos) o de la respuesta de Pardo (IU) de que los infiernos (los fiscales que denuncia la derecha) "no se generan en función de cuántos impuestos se pagan, sino de cómo se pagan".
Vino del público, unas pocas decenas de personas, la pregunta clásica adosada a la rebaja de impuestos. ¿De dónde reducirían el gasto para compensar la merma de la recaudación? Hablaron entonces de eliminar "chiringuitos" y de adelgazar el sector público al unísono el PP, Vox, Foro y Podemos. Pablo González (PP) bajó al detalle proponiendo integrar la Junta de Saneamiento en la Administración del Principado, suprimir el Banco de Tierras y dar entrada a las cámaras de comercio en la gestión de Asturex y desde casi todas partes se habló de modo unánime de la "auditoría integral de la administración y los servicios públicos" que sugiere Fernández Bartolomé (Ciudadanos), o de la institución de una nueva consejería "de lucha contra la corrupción" que en la voz de Podemos trataría también de "optimizar cualquier euro que se invierta". Hasta el representante socialista admitió la necesidad de contener el gasto superfluo y de crear "un observatorio de los servicios públicos que analice el grado de satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos". "¿Otro chiringuito?", se adelantó a la queja. "No. Tendría la estructura mínima para evaluar la eficacia y eficiencia del gasto público y sería rentable, porque puede que generara ahorro".
Todos hicieron incidencia, más la izquierda y menos Vox, en buscar el futuro del modelo productivo asturiano por el camino del incremento de la inversión en I D i, en la Universidad y en la economía del conocimiento. El PSOE sugiere una consejería del ramo, a imagen del ministerio que dirige Pedro Duque, y acepta fallas en la conexión del sistema formativo asturiano, que debe ser "más flexible y adaptable" y estar "más adaptado a la oferta laboral".
El representante del PSOE entró menos al trapo cuando todo el resto de la mesa pasó a "lo urgente", al abordaje de la crisis de la industria por la censura casi unánime del plan descarbonizador del Gobierno de Pedro Sánchez. Enrique Fernández abogó por una transición energética "justa" y prefirió recordar que el PP eludió en sus años de gobierno la conclusión del estatuto para la industria electrointensiva que ahora se reclama al PSOE. Antes, la oposición había arremetido en bloque contra la política energética "sectaria y demagógica" (Foro) o "irresponsable" (IU). Hasta Podemos combinó su apuesta del empleo en el "horizonte verde" con una petición de alternativas, "una tarifa eléctrica competitiva y estable" y "un arancel medioambiental" para proteger el músculo industrial asturiano.
Lo demás derivó el debate hacia una batería de propuestas para un futuro que imagina conectividad plena para ayudar al turismo rural, demanda la eliminación de trabas para los empresarios -"todo el poder para los empresarios", pidió Ignacio Blanco-, el "cheque" de Podemos para emprendedores rurales, el "cheque formación" de Ciudadanos para que cada parado escoja su propia formación? Y así hasta que Blanco terminó diciendo que "los paraísos son buenos" y que en los fiscales "la calidad de vida es muy superior".
