La familia del paciente fallecido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en el conocido como "caso de las compresas" recurrirá el auto judicial que ha eximido de responsabilidad penal a tres médicos y tres enfermeros que habían sido investigados ("imputados", en el antiguo argot judicial). Dieciséis meses después del luctuoso evento, la jueza encargada de realizar las diligencias ha archivado la causa al concluir que no han sido "debidamente acreditados los hechos denunciados" por la familia del fallecido, el ovetense J. L. G. R., de 44 años. Los denunciantes -el padre y la viuda del difunto- presentarán un recurso ante la Audiencia Provincial.
Entre tanto, el gerente del HUCA, Luis Hevia, manifestó su satisfacción por el fallo judicial. "La magistrada avala de manera inequívoca el dictamen de la comisión técnica interna constituida en el seno de HUCA como mecanismo de salvaguarda y garantía de la seguridad de los pacientes", argumentó Luis Hevia, en alusión al grupo creado en el hospital ovetense para investigar el incidente.
Los radiólogos del Hospital Central que formaron parte de la citada comisión interna determinaron que no había compresas en la cavidad torácica del paciente antes de la segunda intervención, en la que falleció el enfermo, el 2 de enero de 2018. Según Luis Hevia, esta versión "ha sido ratificada por los peritajes efectuados por los expertos, descartándola por tanto como posible causa del fallecimiento".
El cirujano que realizó la segunda operación -F. C. M.- y su equipo aseguraron ante la jueza que, cuando abrieron al paciente, allí estaban las compresas, que se infectaron y formaron un coágulo que, al ser retirado, provocó que el enfermo muriera desangrado en el acto. Esta tesis viene a responsabilizar del fatal desenlace al cirujano -J. S. G., jefe del servicio de Cirugía Cardiaca- que llevó a cabo la primera operación, que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2017 con el objetivo de sustituirle la válvula aórtica mediante una cirugía abierta. La familia del paciente defiende también esta versión de los hechos.
Sin embargo, la magistrada Marta Iglesias López, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, sostiene en su auto que la acusación del olvido de las compresas "no ha sido probada más allá de las declaraciones de parte de los miembros integrantes del segundo equipo médico que intervino, días después, al Sr. J. L. G. R.".
Agrega la jueza que "aun cuando se hubiera probado el olvido de dichas compresas en el paciente (cosa que como se ha expuesto, no ha resultado debidamente acreditada), tampoco se ha demostrado el nexo causal entre dicho olvido y la muerte del Sr. J. L. G. R., lo que confirma la ausencia de responsabilidad penal, tanto del Dr. J. S. G. como de las enfermeras encargadas del recuento de compresas en la primera intervención (...), máxime si se tiene en cuenta que las citadas compresas no fueron conservadas, y que al paciente no se le practicó la autopsia clínica por parte del profesional al que competía ordenarla y que no era otro que el Dr. F. C. M., cirujano responsable de la segunda intervención quirúrgica, en cuyo quirófano se produjo la muerte del paciente".
Podría parecer que esta última frase lleva implícito un cierto reproche. Sin embargo, ya de forma explícita, la magistrada añade que, en la segunda operación, F. C. M. "obró con la diligencia indispensable para el buen éxito de la intervención". Y precisa que, en la actuación de este cirujano cardíaco "no se atisba la infracción de ningún deber de cuidado".
Este caso ha generado una enorme fractura entre el personal del área de Cirugía Cardíaca del Hospital Central.
