"El sistema foral, con el cupo y el concierto, choca con el artículo 31 de la Constitución", aseguró ayer el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio. Precisamente fue el cupo vasco acordado en 2017 por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy con el Ejecutivo vasco lo que hizo que el economista asturiano abandonara el grupo de expertos para la reforma de la financiación autonómica. "Lo hizo sin decir nada, luego entendí que éramos irrelevantes", aseveró ayer al inicio del seminario que impartió titulado "El sistema foral: ¿Derecho histórico o privilegio?".
Monasterio señaló que "gran parte o todos los problemas del sistema foral vienen derivados del modelo descentralizador" español, que es "raro a nivel internacional". La razón es que "el Estado autonómico es igual que el federal menos por el nombre", lo que se traduce, afirmó, en un "federalismo vergonzante".
El catedrático de Hacienda Pública explicó las "dudas constitucionales" que se plantean. El artículo 31 dice que "todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos, pero todos los cupos se han determinado manteniendo una opacidad absoluta".
¿Es el cupo un derecho histórico? Una sentencia del Tribunal Constitucional establece que los derechos históricos deben ser suprimidos o no reconocidos si contradicen otros principios constitucionales.
La realidad es que "se plantean entonces dudas metodológicas y empíricas importantes". Porque "los números no salen". Y es que la sobrevaloración que se hace en el cálculo de las cargas asumidas y el cálculo de los ajustes por IVA hacen que los recursos per cápita del sistema foral del País Vasco sean casi el doble de los que dispone una comunidad autónoma de régimen común con un nivel de renta equivalente.
Esto supone que las mismas competencias descentralizadas tienen distinta valoración, según sea una comunidad foral o de régimen general. Pero además, mientras el País Vasco tiene voz y voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el resto de autonomías no están en las comisiones mixtas del concierto y el cupo.
"El principio constitucional de que todos sostenemos los gastos públicos en igualdad no es cierto", señaló el catedrático de Hacienda Pública.
Carlos Monasterio analizó a continuación el cumplimiento del principio de solidaridad, que establece que de cada 100 euros, cada autonomía se queda con 25 y los otros 75 van al fondo de garantía de servicios públicos, que se reparte en función de distintas características. Es decir los ricos reparten con los pobres. ¿Qué ocurre? Pues que por ejemplo Madrid cede 3.500 millones y Cataluña 1.200, que reparten con regiones como Extremadura para que mantenga sus servicios públicos. "El País Vasco no aporta nada. Es difícil pensar que esto sea una solidaridad efectiva", sentenció.
