Asturias desarrolla de manera positiva los servicios sociales. De hecho, según el informe DEC 2018 que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el Principado se coloca en el sexto puesto a nivel nacional, con una nota de 6,35 sobre 10, cuando la media nacional es un 5,22. Lo más destacado es la extensión del salario social básico y la inversión anual por habitante, que se sitúan muy por encima de la media del país. Por contra, el estudio destaca que ese esfuerzo económico no se traduce en eficiencia, que califica de "baja" por la escasa cobertura, y se mantiene el suspenso en dependencia.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales elabora desde hace siete años el informe "Desarrollo de los servicios sociales" (DEC), en el que se analizan por comunidades autónomas los derechos reconocidos y el gasto y las coberturas de los servicios sociales de los que se benefician ocho millones de personas en España.

El estudio presentado ayer, correspondiente a 2018, coincide con el final de la legislatura, que empezó con una nota media de 4,54 sobre 10. Según explicó Gustavo García, coordinador del informe, "globalmente ha sido buena y la puntuación media mejora porque pasamos del suspenso al aprobado -en el conjunto del país-, pero nos preocupa que los servicios sociales crezcan y se adapten a los nuevo retos de la sociedad, y, sobre todo, las diferencias muy notables que siguen existiendo entre las comunidades autónomas".

La nota adjudicada a Asturias por los expertos es un punto superior a la de 2017, pero en el estudio se alerta de que la principal carencia del sistema de servicios sociales en el Principado es la "falta de desarrollo" de una ley autonómica y de su catálogo de servicios, e incide un año más en que la región obtiene peores resultados que la media en la atención a la dependencia.

Asturias destinó por habitante a servicios sociales casi 460 euros en 2018, mientras que la media nacional fue de 381, y el porcentaje del PIB dedicado aumentó en dos años del 1,96 al 2,06, por encima del promedio del país, que fue del 1,52. El gasto de las administraciones asturianas -autonómica y locales-, pasó en dos años del 10,85 al 11,37 por ciento, también por encima de la media estatal (9,36 por ciento).

El informe llama la atención especialmente en la extensión del salario social básico, que llega al 17,4 por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza, frente al 8 por ciento de media nacional. Además, la cuantía de dicha renta alcanza el 17 por ciento de la renta media per cápita, cinco puntos más que en el conjunto de España. También se resalta que el Principado supera las 91 plazas residenciales para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, ya que la media del país se queda en 62.

Pero el esfuerzo inversor no se ve reflejado una vez más en la eficiencia, lo que los expertos achacan a la escasa descentralización y aprovechamiento de las entidades locales, ya que la proximidad favorece la eficacia.

Un año más la dependencia se convierte en el caballo de batalla, y Asturias se sitúa por debajo de la media, por ejemplo, en el número de beneficiarios sobre su población potencialmente dependiente, que es del 7,4 por ciento, frente a la media del 10,1.

Su limbo de dependencia (personas con derecho reconocido que se encuentran a la espera de recibir prestación) continúa por debajo de la media nacional, con un 7,4 frente a un 10,1 por ciento. Sin embargo, es la única comunidad autónoma que ha empeorado, en 1,1 puntos.

Asturias también está por debajo de la media en otros parámetros como en plazas residenciales de financiación pública, centros de día, ayuda a domicilio o teleasistencia.

A nivel nacional, sólo País Vasco, Navarra y Castilla y León obtienen un notable, mientras que siete comunidades suspenden.