23 de mayo de 2019
23.05.2019

Echada la suerte en el "caso Marea": el fallo final, entre diez días y varias semanas

Riopedre aduce ante el Supremo que tenía que firmar lo que venía avalado por los técnicos, Otero culpa a su jefe y el resto pide anular las escuchas

23.05.2019 | 01:07
Abogados del "caso Marea" saliendo, ayer, del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo hará pública la sentencia definitiva y firme del "caso Marea" en los primeros días del próximo mes de junio, tras haber escuchado ayer de viva voz los informes de los abogados de las partes. El plazo previsto por el Alto Tribunal para resolver las apelaciones se situaría el próximo 3 de junio, lunes, pero, según la experiencia de algunos letrados presentes en la causa, la resolución final podría retrasarse unos días, incluso semanas, y se comunicará a los afectados a través de sus respectivos procuradores, por lo que no tendrán que presentarse físicamente en la sede madrileña del Tribunal Supremo.

El acto jurídico realizado ayer es, cuando menos, inusual. El abogado que se encarga de la defensa del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, condenado a seis años de prisión por la Audiencia Provincial, solicitó que se celebrara esta vista previa para que los magistrados escuchasen los alegatos de las defensas. El Alto Tribunal, que generalmente atiende a los informes de los abogados remitidos de forma escrita, dio el visto bueno a esta petición dada la complejidad y el tipo de delitos sobre los que se sustentaban las sentencias de la Audiencia asturiana.

Ayer fueron los representantes de los recurrentes -todos y cada uno de los condenados por la sección tercera de la Audiencia Provincial- los que defendieron sus recursos. Cada uno de los abogados pudo exponer su alegato durante quince minutos, aunque sus intervenciones superaron estas previsiones. Abrió el fuego Sergio Herrero, letrado de Riopedre, quien resaltó que el entonces Consejero no podía dejar de firmar los expedientes que le llegaban avalados por los técnicos. La defensa de la mano derecha de Riopedre, María Jesús Otero, a cargo de Ana Muñiz, argumentó que su cliente cumplía órdenes del Consejero y que no tenía interés en beneficiar a ninguna empresa en particular.

El letrado de Víctor Muñiz (Igrafo), Miguel Valdés-Hevia, puso el acento en que las escuchas telefónicas que le inculparon no estaban motivadas y fueron prospectivas, en tanto que el abogado del empresario Alfonso Carlos Sánchez (APSA), Javier Díaz Dapena, sostuvo que la instrucción se mantuvo en Gijón de forma irregular, violando el derecho de su defendido al juez predeterminado por la ley.

Como se ve, algunas líneas de defensa apuntan a un ulterior recurso ante el Constitucional. Esto fue evidente en el caso de la defensa de Marta Renedo, a cargo de José Carlos García, quien subrayó que los magistrados que juzgaron el caso ya habían conocido del mismo a través de recursos previos, por lo que deberían haberse apartado, y que, en la instrucción, se violaron los derechos fundamentales de la aún funcionaria al escuchar sus conversaciones con dos letrados. La Fiscalía expuso un alegato más genérico y extenso sobre la causa, mientras que las acusaciones populares y particulares cerraron el acto judicial insistiendo en el mantenimiento de la condenas.

Por otro lado, ayer se desplazaron a la capital Daniel Ripa y Rafael Palacios, candidatos de Podemos al Parlamento asturiano. Ripa señaló ante los medios que "llegamos a la última etapa del Caso Marea. Estamos convencidos de que el Supremo ratificará la sentencia y los condenados ingresarán en prisión y devolverán el dinero. Ya podía haber sucedido esto si el Principado lo hubiera pedido durante el proceso judicial, pero ningún partido nos acompañó a los juzgados". El responsable de Podemos solicitó al resto de partidos que suscriban un Pacto Contra la Corrupción que recoja la creación de una Consejería Anticorrupción, una Ley que acabe con los "enchufes" y una reducción de los salarios de los altos cargos y diputados. "Se acabó la impunidad. Quien la hace, la paga", concluyó Palacios.

La Audiencia Provincial condenó por el denominado Caso Marea, el mayor caso de corrupción juzgado en Asturias, a un total de 40 años de cárcel a los siete principales encausados, para los que se pedían 56 años de prisión por parte de la Fiscalía y el Principado, y hasta 162 años en el caso de alguna acusación. El exconsejero Riopedre fue condenado a seis años de prisión y multa de 400.000 euros. Su mano derecha, Otero, a nueve años y medio de prisión -la mayor pena- y multa de 2,5 millones. Renedo, a nueve años y multa de 480.000 euros. Los empresarios corruptores, Víctor Muñiz, Alfonso Carlos Sánchez, Maximino Fernández (Asac) y Antonio José Azorín (Nora) también fueron condenados a penas de entre seis años y medio y un año de cárcel.

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