03 de septiembre de 2019
03.09.2019

Los ayuntamientos piden poder invertir sus ahorros tras ocho años de superávit

Los concejos reclaman la "complicidad" del Principado en su demanda de que se eliminen las restricciones para gastar 500 millones de remanente

03.09.2019 | 00:23
Los ayuntamientos piden poder invertir sus ahorros tras ocho años de superávit

Los ayuntamientos asturianos quieren desembarazarse de las restricciones de gasto que se les impusieron durante la crisis y pedirán complicidades y apoyos, en el Principado, en las empresas y los sindicatos, para llamar al Gobierno estatal a permitirles invertir libremente los ahorros que ahora tienen parados en los bancos. En 2018 cerraron su octavo ejercicio presupuestario consecutivo con saldos positivos, contuvieron la deuda y firmaron en conjunto un resultado a su favor de 81,5 millones de euros. Razón suficiente, aducen, para reclamar que se les levanten plenamente las restricciones de gasto de sus ahorros que les fueron impuestas en plena crisis. Requieren del Gobierno central que les redima de esas limitaciones inversoras para poder disponer de los beneficios que generan cada año, sobre todo de un remanente de tesorería acumulado, ahorrado y congelado, que según los cálculos de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) se acerca a los quinientos millones de euros.

Aprovechando que hoy se celebra en Oviedo el macroencuentro del presidente del Principado, Adrián Barbón, con los 78 alcaldes y alcaldesas de la región, el máximo responsable de la FACC, Ignacio García Palacios, se propone pedirle, más que una mediación, "su complicidad y colaboración, que nos haga de valedor" ante el Gobierno de Pedro Sánchez, con la confianza de que "lo hará" y la intención añadida de buscar también en su demanda la cooperación de los empresarios y los sindicatos, seguramente interesados en lo que esta medida generaría en términos de "reactivación de la economía" por el tejido económico y el empleo en la región.

En el entorno próximo de esos quinientos millones se mueve la suma del dinero que los ayuntamientos tienen en los bancos y que hasta ahora sólo pueden utilizar con arreglo a unas condiciones a su juicio demasiado estrechas. Con la crisis, en 2012, se les impuso una férrea disciplina de gasto que ata a los responsables municipales, con fondos acumulados que no pueden gastar si tropiezan contra la valla de la regla de gasto. Se les permite utilizar el superávit con condiciones -solo en determinados servicios tasados-, pero se les fuerza a embridar al máximo el empleo del remanente. La ley les obliga a priorizar el pago de la deuda y retiene la salida de los ahorros en pro de los objetivos de estabilidad y de unas reglas concebidas para los tiempos duros de la recesión a las que los munícipes asturianos no les ven sentido, sobre todo teniendo en cuenta el buen comportamiento de sus estados contables en los últimos años. En marzo de 2018, en la recta final del Gobierno del PP, un real decreto amplió los supuestos de esas inversiones "financieramente sostenibles" a las que los concejos sí pueden destinar su superávit, pero a los ojos de los ayuntamientos asturianos esa distensión no basta. Reclaman del Estado la relajación de los obstáculos que constriñen el recurso al remanente de tesorería, y aun admitiendo que el pago de la deuda ha de ser una prioridad oponen, así lo hace el presidente de la FACC y alcalde de Navia, la paradoja de que en Asturias el endeudamiento se ha moderado y hasta hay al menos treinta ayuntamientos "que tenemos deuda bancaria cero". Ni aun así, protestan, no pueden gastar lo que ahorran.

Es recurrente la referencia de los ayuntamientos a la convicción de que la local ha sido en los años oscuros de la crisis la administración más austera y la que mejor ha cumplido con la obligación de hacerse un agujero más en el cinturón.

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