05 de septiembre de 2019
05.09.2019

Informe final de la UCO: la fortuna de Villa y Postigo procede de las entregas de dinero del constructor del geriátrico

La Guardia Civil considera a los dos exdirigentes del SOMA responsables de hasta nueve delitos, desde malversación a blanqueo de dinero y tráfico de influencias

05.09.2019 | 14:43
Postigo charla con Villa y su mujer durante un receso del juicio del año pasado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado su atestado final del "caso Hulla", en el que indica que, "puesto de manifiesto el escenario fraudulento que rodeó el proyecto del Complejo Residencial de Mayores de la ´Minería", cabe la posibilidad de que "la fortuna aflorada por José Antonio Postigo y José Ángel Fernández Villa tenga su origen en posibles entregas de dinero en efectivo por parte de Juan Antonio Fernández (gerente de Alcedo de los Caballeros y constructor del geriátrico de Felechosa), máxime si consideramos las evidencias del manejo de dinero de esta naturaleza durante la ejecución de la obra".

El informe, de 421 páginas, ordena y estructura el resultado de las investigaciones, relatando hechos que se remontan incluso al año 2002, cuando, según la UCO, José Antonio Postigo se hizo con el control del Montepío de la Minería tras "chantajear" al entonces presidente, Ricardo López Estébanez, con desvelar el cobro de comisiones y otras irregularidades cometidas en los últimos años. Se centra posteriormente en la concesión de una subvención de 30 millones de euros al proyecto del geriátrico, para lo que se hizo necesaria la modificación de la ley, un proceso en el que según la UCO jugó un papel providencial las presiones del "capo" (según la expresión utilizada en un momento del informe) José Ángel Fernández Villa a responsables del Gobierno socialista, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que Villa "se habría erigido en el impulso e interlocutor con el personal del Ministerio de Industria".

La UCO desarrolla posteriormente la fraudulenta concesión del proyecto a Alcedo de los Caballeros, cuyo constructor tenía relación personal con Postigo, la fraudulenta tramitación en el Ayuntamiento de Aller de las autorizaciones para realizar las obras y el fraudulento desarrollo de las mismas, con unos costes reales que no superaron los 21,6 millones de euros, siempre según la UCO. Esta unidad de la Guardia Civil considera que tanto Postigo como Villa son responsables de hasta nueve delitos, desde malversación hasta blanqueo de dinero, pasando por delito fiscal, falsedad, cohecho, prevaricación, falsificación, delito societario por apropación indebida y tráfico de influencias.

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