La nueva directora general de Función Pública, Margarita Vega, será la primera interina en estar al frente de los más de 37.000 empleados públicos que suma el Principado entre las plantillas de la sanidad, la educación, los serviciales y el personal que ficha cada jornada en las Consejerías del Principado. La designación de esta exdiputada regional sienta, según fuentes sindicales, otro precedente: es la única responsable de toda España en materia de función pública que no es funcionaria de carrera. Pero conoce de primera mano el día a día del empleado autonómico hasta el punto de que hace algo más de dos años tuvo que pleitear personalmente con la consejería de Hacienda en un litigio que llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que acabó ganando.

La economista Margarita Vega lleva alrededor de quince años de interina en la administración del Principado, donde ha desempeñado distintos puestos en la Agencia regional de Formación y el Servicio Público de Empleo (Sepepa). "Se presentó a la oposición, obtuvo una buena nota pero no sacó la plaza por muy poco", según fuentes sindicales. El colectivo de funcionarios Conceyu por otra Función Pública en Asturias recordaba tras su designación "que accedió a a la condición de personal laboral indefinido no fijo del Principado por el encadenamiento sucesivo de contratos en fraude de ley", por una sentencia dictada en 2007.

En 2011, cuando compaginaba su empleo de interina con el puesto de concejal en el Ayuntamiento de Oviedo, tras haber ganado su acta en las municipales de 2007, fue nombrada para sustituir a una funcionaria en comisión de servicios. Cuatro años después, al resultar elegida diputada autonómica, pidió que se la declarase en situación de servicios especiales o de excedencia voluntaria para poder ejercer como diputada con dedicación exclusiva pero se encontró con la negativa por respuesta de la consejería de Hacienda y Sector Pública. Como tantos otros empleados públicos, Vega recurrió la resolución administrativa ante los tribunales y su caso puso de manifiesto "el trato diferenciado" que la ley española concede a los funcionarios, que sí pueden gozar de la excedencia voluntaria para desempeñar un cargo público, respecto a los interinos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la norma española que vetaba la excedencia a los empleados públicos interinos resultaba excesiva y Margarita Vega vio reconocido ese derecho, que le garantizaba volver a su puesto cuando dejara de ser diputada. En las autonómicas de mayo pasado, Vega no repitió en la lista del PSOE pero ahora ha sido nombrada directora general de función pública.

Su nombramiento ha generado diversidad de opiniones entre sindicatos y colectivos de la función pública asturiana. CSIF, USIPA y UGT son partidarios de dar un margen y esperar a a ver la evolución de su gestión antes de entrar en valoraciones. "Es un puesto muy delicado y complejo, de una gran exigencia. Esperamos que nos convoque pronto", coincidieron varios representantes sindicales. Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, en cambio, ha realizado una interpretación mucho más crítica del nombramiento: "Supone una declaración de intenciones descarnada por el control partidista de la función pública".