13 de septiembre de 2019
13.09.2019

El Supremo reduce a cinco años y dos meses la condena a Riopedre por el "caso Marea"

El tribunal mantiene la pena de la exfuncionaria Marta Renedo y reduce ligeramente las penas de los encausados, más en el caso de Alfonso Carlos Sánchez, al tiempo que elimina la responsabilidad de Ernesto Iglesias, hijo del exconsejero

13.09.2019 | 14:00
El Supremo reduce a cinco años y dos meses la condena a Riopedre por el "caso Marea"

El Tribunal Supremo ha dictado por fin su sentencia sobre el "caso Marea", dos años después de que la sección tercera de la Audiencia Provincial emitiese la suya. Las penas de los encausados se reducen ligeramente, salvo en el caso de la exfuncionaria Marta Renedo. El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, condenado a seis años de prisión por la Audiencia, es absuelto ahora del delito de fraude, y queda condenado a cinco años y dos meses de prisión, ocho meses menos, el pago de una multa de 400.000 euros y diez años de inhabilitación. La misma pena se impone al empresario Víctor Muñiz (Igrafo), que debará pagar 1,5 millones de multa. La Audiencia le había impuesto seis años y medio. De lo más beneficiados es Alfonso Carlos Sánchez (Apsa), que queda absuelto de los delitos de malversación y falsedad, pero por el de cohecho. Su pena se reduce a dos años y ocho meses de cárcel. El tribunal asturiano le había impuesto seis años y medio de prisión.

Marta Renedo es la única que se queda como está: nueve años de cárcel y 480.000 euros de multa. Se reduce de forma significativa la pena a la exdirectora general María Jesús Otero. La Audiencia le había impuesto la pena más dura, nueva años y medio de cárcel. Ahora queda reducida a cinco años y cinco meses de cárcel, cuatro menos, y ocho años de inhabilitación. Se confirma la pena de ocho meses de prisión para Antonio Azorín (Nora), y se reduce a un año de cárcel la de Maximino Fernández (Asac), antes condenado a un año y nueve meses. Al responsable de compras del Ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez, se le impone una multa de cuatro meses a doce euros diarios. Y se elimina la responsabilidad de Ernesto Iglesias, hijo del exconsejero Riopedre, al que se consideraba beneficiario a título lucrativo.

Se cierra de esta forma un ciclo que se abrió a principios de 2010, cuando se iniciaron las investigaciones por este caso, el mayor de corrupción que se haya registrado en la administración del Principado. El escándalo estalló con toda su fuerza en febrero de 2011, cuando fueron detenidos y encarcelados la funcionaria Marta Renedo, el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y la exdirectora general María Jesús Otero. Tras muchos avatares, el asunto pasó de los Juzgados de Gijón a los de Oviedo. Fue una instrucción tortuosa, plagada de declaraciones de imputaciones y desimputaciones. El juez Ángel Sorando dictó auto de procesamiento contra 29 imputados en julio de 2013.

De ellos solo 13 se sentaron en el banquillo en abril de 2016, cuando se inició el juicio más esperado en la sección tercera de la Audiencia Provincial. Aunque el juicio finalizó ese mismo verano, hubo que esperar hasta el 31 de agosto de 2017 para que se diese a conocer una sentencia inédita y compleja, de la que fue ponente el magistrado Francisco Javier Rodríguez Santocildes. El asunto sigue coleando. Aún hay abiertas unas diligencias por las irregularidades detectadas por el Principado en las compras de material por parte de más de 80 centros escolares e institutos asturianos, unas investigaciones que afectan a parte de los encausados en el primero proceso.

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